En el año 2017 se emitieron 100 recomendaciones. (ARCHIVO)
Pese a que concluyeron las administraciones de gobiernos municipales en el 2017, un total de 34 recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila (CDHEC) no fueron respondidas o aceptadas por las autoridades, entre las cuales algunas fueron dirigidas a los entonces alcaldes.
En el año 2017 se emitieron 100 recomendaciones de las cuales, seis se aceptaron totalmente, dos no se aceptaron, 17 se encuentran en término de aceptación, en 34 la autoridad no se ha pronunciado y 1 impugnada mediante Controversia Constitucional.
En relación a las que no fueron aceptadas explicó que entre éstas se encontró la recomendación 1/2017, dirigida al ahora exalcalde de Morelos por ejercicio indebido de la función pública y la recomendación 9/2017, dirigida al de Parras de la Fuente por falta de fundamentación y motivación legal.
En ambos casos se requirió a las autoridades para que hicieran pública su negativa a la aceptación, sin embargo, hasta el último mes del año 2017, el requerimiento no fue atendido, razón por la cual se dio vista al órgano interno de control para los efectos de las responsabilidades administrativas correspondientes.
Por otro lado en relación a las recomendaciones en las que la autoridad no se pronunció, se encontraron la recomendación 11/2017, dirigida al exalcalde de Piedras Negras, por lesiones y retención ilegal; la recomendación 29/2017, dirigida al de Monclova, por ejercicio indebido de la función pública y la recomendación 34/2017, dirigida al de Acuña, por prestación indebida del servicio público.
De igual manera se encontró la recomendación 46/2017 dirigida al exalcalde de Matamoros por la visita de inspección a la cárcel municipal y la recomendación 71/2017 dirigida al de Sierra Mojada, por la visita de supervisión a la cárcel municipal.
Respecto de la recomendación 32/2017, dirigida al exalcalde de Piedras Negras, por insuficiente protección de personas, la entonces síndico de Mayoría de ese Ayuntamiento promovió controversia constitucional ante el Tribunal de Justicia Constitucional Local, quien concedió la suspensión del acto reclamado encontrándose actualmente en trámite.
