Suman. Son ocho quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para demandar al Estado que garantice la reparación integral del daño a hijos de víctimas de feminicidio. (CORTESÍA)
Suman ocho quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación a los derechos de los niños huérfanos de víctimas de feminicidios de Coahuila.
La familia de Serymar Soto, cuyo caso se tipificó como feminicidio, fue la primera en interponer la queja ante la CNDH a inicios del mes de febrero de este año y posteriormente se presentaron siete más por los feminicidios y presuntos feminicidios de: Cecilia Eguía de la Fuente, Danna Milagros Cigarroa Rocha, Dalia Yazmín Orozco Martínez, Ana Karen Aguilar Félix, Daisy Viridiana Martínez Soto, Sharon Niño Quiñones y Berenice Escobedo Palacios.
Las quejas se presentaron contra el Estado de Coahuila, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia (Pronnif). Las familias demandan que se investigue la inacción gubernamental para la protección de los menores y en su caso se emitan recomendaciones para acceder a los recursos públicos que garanticen el acceso a la salud, educación y alimentación.
Es la abogada y hermana de Serymar, Sandra Soto quien da trámite a estas quejas en la CNDH, con sede en la Ciudad de México y anunció que en próximos días presentará 24 más, de otros estados, pues la situación de las y los huérfanos por feminicidios es similar a la de Coahuila.
Son las familias de las mujeres asesinadas quienes normalmente deben hacerse cargo de las y los infantes que dejan sus hijas, quienes están expuestos a sufrir carencias, pues según expone Sandra Soto, en el caso de Coahuila, los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio reciben una aportación mensual de 330 pesos del Seguro de Jefas de Familia, es decir, 10 u 11 pesos diarios, lo que resulta insuficiente para solventar los gastos.
La reparación integral del daño está contenida en la Ley General de Víctimas y se hace a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la cual debe existir una bolsa económica que en el caso de Coahuila es inexistente, debido a que la Ley Estatal de Víctimas no cuenta con reglamento.
Además, la reparación del daño es una de las 10 recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer como parte de la solicitud de Alerta de Género, hecha por la sociedad civil. En la sexta recomendación el documento señala: "El grupo de trabajo considera necesario que el estado lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar a las mujeres víctimas de violencia y a sus familiares una reparación integral, en especial aquellas mujeres que pudieran a haber sido violentadas por autoridades estatales o municipales".
