Los últimos años para La Laguna han sido de librar batallas para salir del atolladero. Una larga sequía de inversiones, la peor ola de violencia de la historia reciente y el agravamiento del deterioro de la infraestructura urbana rezagaron a la región en comparación con las capitales estatales y otras ciudades del país en la década de 2005 a 2015. Y aunque se observan indicios de recuperación en las tres áreas, en las dos primeras más que en la tercera, aún se está lejos de alcanzar el nivel deseado para volver a colocar a la región en el papel protagónico que alguna vez tuvo.
Las necesidades y retos de la comarca son claros: ampliar y mejorar la infraestructura de las ciudades a través de una planeación real y efectiva; delinear la ruta a un desarrollo económico sostenido y sustentable que aproveche las ventajas geográficas de la región, y profundizar la estrategia de seguridad para sentar las bases de una paz duradera que elimine los riesgos de una nueva descomposición y escalada delictiva. Con sus matices, sociedad civil e iniciativa privada han planteado sus demandas en este sentido.
Pero la actual coyuntura política representa un verdadero desafío para sacar adelante una agenda común desde el plano institucional dada las diferencias partidistas en los tres niveles de gobierno. El escenario es inédito con administraciones emanadas de por lo menos tres signos partidistas distintos. En Gómez Palacio y Lerdo gobierna el PRI, en Torreón el PAN y en Matamoros lo hará Morena a partir de enero de 2019. El Estado de Durango es controlado por el PAN, mientras que Coahuila está en manos del PRI, mientras que el gobierno federal es de extracción morenista.
Esta realidad no es un asunto menor. Buena parte de la decadencia de La Laguna se dio con gobiernos emanados del mismo partido, por lo menos de 2012 a 2015, los cuales fueron incapaces de establecer una coordinación eficiente con todo y la coyuntura histórica de la coincidencia temporal de administraciones en 2013-2014. En este sentido, el hecho de que en 2019 se renovarán las alcaldías del lado de Durango implica un ingrediente extra que complica los acuerdos de voluntades. Es decir, si cuando hubo coincidencias de periodos y partidos no se logró construir una agenda común a mediano y largo plazo, ¿se puede esperar que ocurra en esta época?
Otro factor importante es, sin duda, el abordaje fragmentado y lejano que hará la administración federal de Andrés Manuel López Obrador de La Laguna. Las necesidades de la comarca en lo que concierne al primer nivel de gobierno se atenderán desde las capitales estatales, a 250 kilómetros de distancia, a través de los dos superdelegados nombrados por el presidente. Hasta el momento, y a pesar del reclamo de un sector de la ciudadanía, el gobierno de la República no ha autorizado la creación de una delegación o coordinación para la región.
Por todo lo anterior, es de suponer que el impulso de la agenda común comarcana sólo podrá venir de la sociedad civil y la iniciativa privada regionales. En la medida que estas exijan a las autoridades la construcción de acuerdos para sacar a La Laguna de la visión cortoplacista que la aqueja y tiene en el rezago, es que podremos aspirar a un futuro más promisorio y menos pesimista. Por lo pronto, es necesario vigilar el plan que el presidente López Obrador presentará esta semana en Torreón.