Unidos. Agenda fue presentada por el presidente de México SOS, Alejandro Martí y especialistas. (TWITTER)
Ante lo que consideran una prolongada crisis de inseguridad y violencia criminal en México, que se suma a los resultados adversos de la política aplicada en la materia, más de un centenar de organizaciones ciudadanas demandan un replanteamiento de de la política anticrimen a la próxima Administración federal.
Así se plantea en la "Agenda de Seguridad y Justicia México 18.24", una propuesta ciudadana para el próximo gobierno en materia de política pública seguridad, justicia y prevención del delito, que fue elaborada por México SOS, en conjunto con más de 170 organizaciones, académicos, activistas y operadores.
"Se debe enfrentar el problema desde una óptica integral que permita explorar las alternativas de solución encaminadas a enfrentar las causas y efectos perniciosos que tiene sobre la sociedad. También es importante la transformación de las instancias encargadas de la seguridad", esto "mediante estrategias y mecanismos que sirvan para potenciar las capacidades de los cuerpos y corporaciones policiales, y de los aparatos de inteligencia -civiles y militares-, en coordinación con los sistemas de procuración, administración de justicia y ejecución de penas", señala la Agenda.
Fueron el presidente de México SOS, Alejandro Martí, y un grupo de especialistas que participaron en su redacción quienes la presentaron e indicaron que propone transformar el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en Consejo de Seguridad y Justicia del Estado mexicano, según detalla el diario Reforma.
Además, se busca "integrar el Sistema de Información de Inteligencia para la Seguridad Nacional, que dependa administrativamente de la Presidencia y aglutine a las áreas que, sobre la materia, están en la Secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Hacienda, y Procuraduría General de la República", así como rediseñar el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, crear la Inspectoría Nacional Policial; el Instituto Nacional de Policía, Custodia y Guardia Penitenciaria; y el Sistema Nacional de Prevención y Vinculación Ciudadana.
Finalmente, consideran que es necesario separar la administración de las políticas de seguridad pública, de la política interior, las organizaciones también sugieren desvincular las tareas de seguridad de Gobernación y revivir la Secretaría de Seguridad.
