Postulación. 'No se puede ser diputado y candidato a la vez, se debe aplicar la ley' dijo Juan José Ramírez Ortiz. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Juan José Ramírez Ortiz impugnó el registro de Luis Enrique Benítez Ojeda como candidato a diputado local suplente ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango por violar las leyes electorales, que no permiten que quien está en pleno desempeño de un cargo de elección popular se postule para ocupar otro.
Además, demandó que se respeten sus derechos políticos y electorales, puesto que actualmente, es él quien debería estar ocupando la curul que no ha dejado Benítez Ojeda en el actual Congreso Local, pues en su momento se registró como suplente.
El priista dijo que indebidamente, Luis Enrique Benítez, quien además es presidente estatal del PRI en Durango, se registró como candidato suplente de la diputación local por el XIV Distrito, cuyo titular es Francisco Ibarra.
De acuerdo con lo que establecen las leyes en materia electoral, debió solicitar licencia para separarse del cargo 90 días antes de la elección del primero de julio.
Para ello hizo referencia al Artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Durango; el Artículo 10 en sus párrafos 2 y 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, así como el Artículo 10 fracción F de la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales.
Ramírez Ortiz dijo que en su momento, se registró como suplente de la diputación local que actualmente ocupa Benítez, de manera que si éste se postuló para las próximas elecciones, debería estar ocupando su lugar.
Cuestionó que el IEPC haya aceptado el registro y consideró que esto podría derivar en corresponsabilidades de sanciones para este organismo y otras instancias como la Entidad de Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría del Estado, pues Benítez sigue ejerciendo el cargo de diputado indebidamente.
Esto, porque como candidato registrado, está usurpando funciones en la Legislatura, lo cual podría dar lugar a invalidar todos los acuerdos que se generen durante el ejercicio de esa función.
