Salud. Es un derecho constitucional, por lo que las autoridades deben implementar las medidas necesarias para protegerla.
Ante la contaminación que se registra en zonas mineras y la consecuente afectación a la población, se hace necesario un análisis profundo y la implementación de medidas de atención.
De ahí que, a decir de la diputada local (PAN), Rosa Isela de la Rocha Nevárez, el Gobierno del Estado y la Comisión de Asuntos Mineros y Zonas Áridas del Congreso del Estado establecieron un convenio para iniciar un estudio, que tendrá una duración de un año para después iniciar un plan de atención en Pueblo Nuevo.