A pesar de su nombre, en sus orígenes el moderno Poder Legislativo no fue creado sólo para expedir leyes, así en general, sino principalmente para aprobar todo lo relativo a los ingresos y los egresos que se autorizaban al rey. Es decir, para que los tributos a imponer a los súbditos contaran previamente con el visto bueno de sus representantes. Así como el destino que dichos tributos debían tener.
De esa doble función de aprobar los ingresos públicos y de la aplicación de éstos a través del gasto gubernamental, surgió de manera natural una tercera, consistente en el ejercicio de una adecuada labor de vigilancia sobre la obtención de aquéllos y del correcto y eficaz destino de los recursos recaudados.
Esta labor de vigilancia y control, obviamente una importantísima función de carácter legislativo, infortunadamente en nuestro país no es valorada por los ciudadanos como debía ser. Y menos aún en el ámbito local. Según cualquiera puede comprobar, se aprecia más al legislador que hace lo que genéricamente se conoce como "gestoría", a veces abierto coyotaje, con grave riesgo de su independencia frente a la administración pública, que al diputado que trata de cumplir con su muy importante función de vigilancia y control.
Para fiscalizar hay que disponer, diría Perogrullo, de la información necesaria y pertinente. Es imposible verificar, comparar, cuantificar, confirmar, evaluar nada, si se carece de la materia prima correspondiente. En el caso, de los datos sobre los ingresos, los gastos, la inversión y el endeudamiento público. De no ser así, sencillamente no hay manera.
Cuando hace treinta y cinco años fui diputado a la XLIX legislatura local de Coahuila, aún recuerdo que la cuenta pública estatal correspondiente al ejercicio fiscal de 1982 fue presentada por el tesorero general del estado en una simple hoja de máquina. Hoy a muchos les parecerá increíble que así haya sido, pero literalmente así fue.
A diferencia de lo que ocurría en el pasado aun relativamente reciente, como arriba señalo, hoy la información disponible sobre las finanzas públicas estatales y municipales, y disponible no sólo para los legisladores, sino en muy buena medida también para el público a través de internet, es información muy abundante. Se trata de un caudaloso torrente de datos.
Pero con lo anterior no quiero dar a entender que necesariamente sea la información pertinente y precisa; y menos sobre esta materia tan importante y delicada, sino sólo que es abundante. Nada más. Pues al efecto vale tener presente lo que un dicho muy sabio explica: a veces lo tupido del bosque no permite ver bien los árboles. Mucha información basura no significa información de calidad. En ocasiones, por paradójico que parezca, tantos datos más sirven para esconder que para verdaderamente informar.
En Coahuila hay 143 entidades que presentan al Congreso su cuenta pública. Entre éstas se encuentran los 38 ayuntamientos, el gobierno del estado y más de un centenar de otros organismos públicos estatales y municipales. Lo cual implica una dispersión fenomenal de la información.
A lo anterior hay que agregar que esas 143 entidades públicas envían al Congreso durante el ejercicio su información fragmentada con periodicidad trimestral, es decir, cuatro veces en el año. Se trata de los reportes denominados "Informe de avance, de la gestión financiera", más la que es propiamente la Cuenta Pública anual, que debe presentarse en el curso del mes de abril. Cinco veces al año, llega pues el Congreso esa catarata de papeles.
El pasado mes de enero se recibieron en el Congreso local informes trimestrales de avance de la gestión financiera, relativos al período octubre-diciembre de 2017. Como coordinador que soy de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que es el enlace entre el Congreso local y su órgano técnico denominado Auditoría Superior del Estado, me tocó recibir dichos informes y turnarlos a ésta para su revisión.
Antes, por mera curiosidad, pedí que se pesara ese mundo de papeles y dieron 99 kilogramos. Si hay cinco remesas en el ejercicio, incluida la Cuenta Pública anual, significa entonces que sólo por este concepto la materia prima para llevar a cabo la fiscalización está contenida como en media tonelada de papeles. Pero no es el único concepto, como luego, en otra ocasión, veremos.
