Foto: Archivo Siglo Nuevo
Las leyes de ingresos de las 32 entidades federativas contemplan ingresos por 25 mil 145.8 millones de pesos derivados de financiamientos. Además, Coahuila, Chihuahua y Sonora, entre otras entidades, cuentan con decretos de autorización para reestructurar sus deudas.
Las elecciones presidenciales en México tienen la propiedad de opacar muchas cuestiones que, si bien por estos días no gozan de los reflectores habituales, están lejos de desaparecer.
Es el caso de la deuda de las entidades federativas y de los municipios mexicanos.
El 27 de abril de 2016 entró en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En este documento se establecieron criterios dirigidos a instalar una mayor transparencia en materia de financiamientos contratados por los gobiernos locales.
Algunos de los “candados” son: nuevas reglas de disciplina financiera que contemplan mecanismos de equilibrio presupuestario y de distribución de ingresos excedentes; un sistema de alertas, el cual mide los niveles de endeudamiento, del servicio de la deuda y las condiciones de liquidez de las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos; y un Registro Público Único en el que se inscriben todas las obligaciones de los gobiernos locales.
En marzo pasado, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República difundió un informe acerca de cómo cerraron el ejercicio 2017 las entidades federativas y los gobiernos de primer nivel en el rubro de sus deudas. La información fue extraída del Registro Público Único y del Sistema de Alertas manejados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
CIERRE
Las entidades federativas, municipios y sus entes públicos recibieron el 2018 con compromisos de pago por 580 mil 644.7 millones de pesos, cifra que representa un incremento de 2.1 por ciento en comparación con el año anterior.
En el total de obligaciones financieras se sumaron las deudas de las entidades federativas y de los municipios así como de los entes públicos en su ámbito de acción.
Foto: Archivo Siglo Nuevo
Al concluir el 2017 los adeudos subnacionales representaron un monto equivalente al 81 por ciento de las participaciones federales recibidas por las administraciones estatales y municipales. La cifra es menor en nueve décimas de punto porcentual con respecto al cierre de 2016. Como proporción del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) se ubicó en 3 por ciento, una décima menos si se compara con el indicador del año previo.
La fuente preferida de las autoridades para contratar deuda fue la banca múltiple, con ella se convino el 59.6 por ciento del total de los recursos; el 24.2 por ciento del dinero se obtuvo de banca de desarrollo; otro 14.2 por ciento está vinculado con emisiones bursátiles; el 1.9 por ciento provino de otras fuentes de financiamiento.
Los estados con mayores niveles de deuda en relación con sus participaciones federales (los recursos que reciben de la Federación) son Quintana Roo, Chihuahua y Nuevo León. Los compromisos de pago del primero superan en un 216.1 por ciento a las participaciones que le llegan; el indicador para la entidad chihuahuense es del 213.2 por ciento y para el último mencionado es de 196 por ciento.
En el extremo opuesto, los montos en el debo comparadas con su principal fuente de ingresos de la Federación, son Querétaro (7 por ciento), Guanajuato (20.8 por ciento) y Campeche (21.6 por ciento).
Chihuahua y Quintana Roo también van a la cabeza del grupo de estados con mayores deudas como monto del Producto Interno Bruto estatal. En el territorio que fuera gobernado por César Duarte las obligaciones equivalen al 9.2 por ciento del PIB, mientras que allí donde mandó Roberto Borge, a 6.6 por ciento. Coahuila, demarcación que suele destacarse en estos reportes, completa el podio. Sus pendientes con acreedores representan un 5.6 por ciento de su PIB.
El otro lado de la moneda, los estados que deben cantidades menores con respecto a su producción total de bienes y servicios, nos muestra a Campeche (0.1 por ciento), Querétaro (0.2) y Guanajuato (0.6).
Los municipios acumularon pasivos por 51 mil 470.4 millones de pesos de los cuales 6 mil 286.9 millones corresponden a sus entes públicos y 45 mil 183.5 a los ayuntamientos. Esta última cifra representa un 7.8 por ciento de la deuda subnacional.
La fuente de financiamiento más demanda por las autoridades del primer nivel de gobierno fue la banca múltiple (49.1 por ciento del total); en segundo lugar está la banca de desarrollo (43.9 por ciento), y luego otras fuentes (3.9) y las emisiones bursátiles (3.1).
A PAGAR
Los datos destacan casos como el de Nuevo León. Si se reparte su deuda de 71 mil 232 millones de pesos entre sus 5 millones 229 mil 492 habitantes resulta que el endeudamiento por persona asciende a 13 mil 621 pesos. Además, 21 de sus ayuntamientos tienen compromisos de pago que, sumados, dan un total de 4 mil 581 millones de pesos.
Un ejercicio similar, pero con las cifras de Coahuila arroja que, gracias a sus compromisos por 36 mil 662 millones y sus 3 millones 029 mil habitantes, cada coahuilense debe 12,101 pesos. En cuanto a sus poblaciones, 21 de 38 municipios registraron deudas por un monto de 369 millones de pesos.
En Chihuahua, con 49 mil 785 millones de pesos de deuda, cada uno de sus 3 millones 782 mil 018 pobladores tendría que aportar 13 mil 164 pesos para cubrir el pendiente. Cuatro municipios chihuahuenses acumulan obligaciones de pago por 284 millones de pesos.
Los pobladores de Quintana Roo se encuentran entre los punteros en la relación de endeudamiento por persona con 13 mil 374 pesos producto de dividir pasivos por 22 mil 263 millones de pesos entre 1 millón 664 mil 667 habitantes del territorio estatal. En cuanto las deudas del primer nivel de gobierno, 11 ayuntamientos adeudan 2 mil 764 millones de pesos.
El caso de la Ciudad de México también es llamativo. En poco más de 15 años ha duplicado su deuda pública. Cerró el 2017 con pasivos por 77 mil 869 millones de pesos. Si se reparte ese monto entre los 8 millones 811 mil 266 habitantes de la metrópoli, a cada uno le toca pagar 8 mil 837 pesos.
Con 38 a favor y 12 votos en contra, el Congreso de Veracruz aprueba la iniciativa del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para la reestructuración de la deuda pública. Foto: El Universal
Al otro lado, se encuentran nombres como el de Baja California con sus 20 mil 743 millones de pesos en cuentas por saldar. Si se divide ese total entre la población de la demarcación, 3 millones 584 mil 605 personas, resulta que cada bajacaliforniano debe 5 mil 787 pesos. Cinco municipios de esta entidad tienen contratadas deudas por un monto global de 4 mil 857 millones de pesos.
En Nayarit, con sus 6 mil 103 millones de pesos de deuda y una población de 1 millón 268 mil 460 personas, el endeudamiento por individuo sale en 4 mil 812 pesos. Además, una decena de ayuntamientos deudores tiene obligaciones, en conjunto, por 475 millones de pesos.
Los 3 millones 011 mil 810 sonorenses tendrían que pagar 9 mil 642 pesos por persona para saldar los 29 mil 039 millones de pesos que se deben a acreedores. Además, entre 27 municipios de la demarcación han acumulado compromisos por 4 mil 372 millones de pesos.
Una entidad que ha estado en la mira de la opinión pública, Veracruz, concluyó el 2017 con préstamos a cubrir por 49 mil 001 millones de pesos que, repartidos entre sus 8 millones 163 mil 963 habitantes, dieron un endeudamiento por persona de 6 mil pesos. Sus gobiernos municipales tienen pendientes por 2 mil 429 millones de pesos.
Zacatecas también figura entre las entidades con los montos de deuda por individuo más notables: 5 mil 224 pesos por zacatecano producto de obligaciones con acreedores por 8 mil 360 millones de pesos de deuda y 1 millón 600 mil 412 pobladores. Nueve de sus ayundamientos tienen deudas que dan un total de 311 millones de pesos.
RIESGO
El pasado primero de marzo, la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings difundió un documento titulado Panorama de la deuda de los estados y municipios de México.
En él señalaba que, para este 2018, las leyes de ingresos de las 32 entidades federativas contemplan ingresos por 25 mil 145.8 millones de pesos derivados de financiamientos. Además, Coahuila, Chihuahua y Sonora, entre otras entidades, cuentan con decretos de autorización para reestructurar sus deudas. En conjunto la renegociación de los pasivos de estas entidades podría llegar a 78 mil 018 millones de pesos.
En la agencia exponen que este año tiene la particularidad política de que en el país no sólo se celebrarán procesos electorales en los ámbitos federal y local, sino que también será posible, por primera vez, la reelección de presidentes municipales.
En Fitch afirman que pondrán especial atención a los gobiernos calificados que tengan créditos de corto plazo ya que la Ley de Disciplina Financiera establece que estos deberán finiquitarse en los tres meses previos a la conclusión de la administración saliente.
