Si el moreirato y otros actores políticos han desarticulado a las instituciones democráticas del estado de Coahuila, sólo la sociedad civil puede reconstruirlas. Quien piense que será la clase política desacreditada, tanto gobierno como oposición, corre el riesgo de una anuencia idílica irreal.
Al menos tres logros fueron articulados por miembros de organizaciones civiles de Coahuila durante 2017: a) la persistencia de la búsqueda de desaparecidos y el descubrimiento de fosas clandestinas; b) el cuestionamiento al trastocado Sistema Estatal Anticorrupción y la coordinación de 109 organizaciones civiles para ese esfuerzo; y c) la detección de duplicidad en el origen de los recursos destinados a obra pública por parte del gobierno municipal de Torreón y la administración estatal.
Coahuila sufre una descomposición casi generalizada de la institucionalidad democrática donde los grupos civiles han tenido que ampliar sus espacios de cobertura, dado que han sido rebasados no sólo por la violencia, los desaparecidos, las acusaciones de vínculos con el narco, la megadeuda que sigue creciendo, pero además, acusaciones de corrupción, crisis de instituciones electorales y desviación de recursos, entre otros.
Ante las argumentaciones altivas y provocadoras de personajes mediáticos que se han constituido, sin reconocimiento social, como opinadores de derechas, antes críticos y hoy legitimadores de un sistema desacreditado, este texto resalta el trabajo realizado por agrupaciones civiles locales, que no cuentan con los vastos recursos públicos, ni los eclécticos asesores, ni los medios de comunicación con convenios de su lado, y que aún así, han permeado e impactado en la agenda pública denunciando las urgencias democráticas.
El primer caso es el movimiento de los afectados por la violencia y las desapariciones previo al 2017, como Grupo Vida y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, entre otros, cuyos integrantes actuaron como consecuencia al desgarro social y cuyo trabajo ha sido excepcional en la localización de fosas y en exigir acciones contundentes ante la tragedia humanitaria iniciada irresponsablemente por el gobierno panista de Felipe Calderón, y poco resuelta por la administración priista de Enrique Peña Nieto.
El segundo caso destaca porque 109 organizaciones civiles, que formaron la Alianza Anticurrupción Coahuila, comenzaron a proponer elementos mínimos para garantizar una implementación incluyente, con presencia social antes que se iniciara con las reformas locales para formar el Sistema Estatal Anticorrupción.
Pero al ver la movilización social el gobernador Rubén Moreira inició un proceso "fast track" paralelo, sin dialogar con la sociedad civil y con poca legitimidad fue apoyado por su bancada al viejo estilo priista, lo cual generó que durante varias semanas las organizaciones civiles fueran ignoradas, pero exhibieron la aplanadora legislativa para simular una democracia procedimental. La sanción pública, aunque no parezca, sigue siendo relevante en regímenes con señales de autoritarismo.
Finalmente fueron elegidos representantes de dos consejos, tanto los responsables de la selección como los operativos, algunos de ellos sin experiencia y otros técnicamente competentes, pero poco reconocidos desde la sociedad civil, lo cual generó que el proceso terminará en un mal intento.
Ojalá demuestren los consejeros su profesionalismo, imparcialidad e independencia, aunque las provocaciones mediáticas de algunos de ellos que claman autentica ciudadanía, no son congruentes al haber seleccionado pocos consejeros destacados en eso, por ejemplo, Carlos Rangel Orona quien ante la ley es sujeto obligado por tener una Notaría, ¿cómo preservar la objetividad a la hora de realizar su función en el Sistema Estatal Anticorrupción? Esas y otras son contradicciones reflejan la falta de interés por dialogar de forma responsable con la sociedad civil.
El tercer caso es la investigación y documentación del Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna detectó una duplicidad del origen de los recursos destinados a 28 obras públicas locales, tras las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la falta de respuesta clara de las autoridades es reflejo de su poca capacidad para dialogar pública de forma transparente con sociedad civil, como en los dos casos anteriores.
Además de estos tres casos destaca la forma en que se colocó en la opinión pública el caso emblemático de los gastos de Facebook y la producción de 82 videos del candidato Riquelme, detectados por el Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso de fiscalización y eliminados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales habrían anulado la elección.
Las señoras, los señores, los estudiantes, los profes, los activistas y los empresarios que desde décadas alzan la voz en Coahuila, han enfrentado dificultades de articulación y con intereses de protagonismo que poco ayudan, y en ocasiones dispersos, pero aún así han sentado las bases para una nueva relación entre sociedad e instituciones, aún con el grupo en el poder que sólo responde a la lógica partidista.
Las agrupaciones civiles además se enfrentaron a la aplanadora estatal y a los ataques "adictivos" de ciertos medios de comunicación y redes sociales que se mimetizan con el estado y cuyos conflictos de interés abren una brecha muy grande sobre la importancia de la libertad de expresión, salvo honrosas excepciones. Recordemos que el expediente en Estados Unidos de la ominosa deuda, que el gobierno de Humberto Moreira compró medios de comunicación al transferir fondos públicos de Coahuila a directivos de empresas como RCG, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.
Después de un 2017 con altibajos es importante reflexionar, no sólo por los logros de estos ciudadanos que han puesto en riesgo su prestigio, su seguridad física y su vida, sino abrir un debate público para fortalecer a las instituciones en 2018 del naciente gobierno frente a un estado dividido e indignado. Si hubiera ganado otro partido, la deuda con la ciudadanía sería casi similar, dado que la oposición no ha reflejado articulación ni una forma clara de salir de ese bache de credibilidad de las poliarquías en construcción.
Se vislumbra el surgimiento de una sociedad civil como esfera positiva y autoorganizada que pueda recuperar 12 años de retraso democrático vía la protesta pacífica y diálogo crítico, pero principalmente con investigación e incidencia efectiva.
Como lo plantea la académica Antonella Attili, la sociedad civil es, y debería ser, apreciada como el ámbito en el que los poderes sociales voluntarios se formen, se transformen, entren en conflicto pero, al mismo tiempo se institucionalicen y regulen.
En el fondo, son los derechos políticos los que están en juego.
*Asesor en comunicación y periodista
