La organización nacional "Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C.", vigila el proceso de Juanita, la joven torreonense con discapacidad intelectual, recluida en el Cereso Femenil de Saltillo acusada de sustracción de menor, pues de existir y comprobar irregularidades puede haber sanciones para el funcionariado y el Estado.
Ricardo Pérez García, abogado del programa Discapacidad y Justicia de Documenta, explica que las personas con discapacidad tiene capacidad jurídica, es decir, debe responder por sus actos ante la ley, sin embargo, las autoridades están obligadas a aplicar protocolos para que sean juzgadas en condiciones de igualdad lo que significa que deben estar a su alcance todas las herramientas para que comprendan de qué se trata el proceso y puedan defenderse.
"Resulta preocupante porque la discapacidad intelectual llega a no ser visible, pero sí ser presumible.
Es obligación de la Fiscalía, defensa, juez, presumir y echar a andar las herramientas, peritajes y todo esto para saber si la tiene, para hacer ajustes en su proceso y si no, continuar con el proceso normal", informa.
Además la Suprema Corte emitió un protocolo para juzgar a personas con discapacidad donde señala que en estos casos se deben contar con especialistas de diversas ramas para lograr esta condición de igualdad.
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No es responsabilidad exclusiva de la defensa demostrar que la discapacidad de Juanita, según el abogado, el sistema judicial, penitenciario y los jueces, pueden hacerlo.
