Si no conocemos la causa de nuestros problemas, no podremos resolverlos; ha sido normal que aún los más estudiosos, al hablar de un problema, lo identifiquen a partir de los efectos; por ejemplo, cuando se quiere definir el problema que ha sido el servicio de transporte público, lo primero que se nos viene a la mente es el trato de los choferes, las condiciones del camión, el costo del pasaje, las rutas de las distintas líneas, en fin lo que a diario se vive, pero no pensamos que todo ello se debe a la existencia de una regla que determina el régimen de concesiones del servicio. En ella se establecen las bases para organizar y operar este servicio, y conforme fue pasando el tiempo, la demanda fue creciendo, se integraron más unidades a las rutas; la demanda del servicio hizo crecer la flotilla, pero no cambió la regla, y así siguió hasta nuestros días.
La mayoría de los problemas que tenemos tienen su origen en la norma o ley que los regula, y ésta por lo general obedece más al interés de quien decide su contenido que a los de la sociedad que se debe beneficiar con ella. Ésto pone en tela de juicio no sólo la facultad y honestidad del decisor, sino además las reglas que se establecieron para que llegara a esa posición. El origen lo encontramos por lo tanto en esta especial relación entre el contenido ajustado a interés particular, y el decisor. Sirva pues este ejemplo para abordar el fondo y origen del problema, y para trasladarlo a otro nivel, que nos permita dimensionar las implicaciones y los actores que intervienen en la puesta en escena de la relación entre servidores públicos (todos los que forman parte de los entes de gobierno sin importar su jerarquía) y el público, la sociedad, nosotros.
Durante la última semana se nos ha restregado hasta el cansancio lo importante que somos para los procesos electorales, nosotros los organizamos, los operamos, somos el invitado de honor porque además le damos sentido al proceso instituido para que se cumpla el propósito de la elección, y así poder constituir gobierno; así lo establece la regla, pero el problema está en que el que hizo la regla, también hizo la trampa, para que de esa manera, la manera legal, se puedan cometer actos de injusticia, pero legales, como es el obsceno e insultante gasto que de nuestros impuestos hacen los partidos políticos, donde la democracia es una forma que se puede adaptar al interés particular o de grupo; quienes controlan, administran o tienen como franquicia al partido político son los beneficiarios de esta regla. El problema está en el origen, en la regla, no en los efectos: conducta de dirigentes, decisiones para cambiar las reglas a modo, complicidad para disponer de los recursos públicos a discreción, etc.
La cofradía en la que se han convertido los grupos de legisladores, que con la venia del jefe -léase presidente del país, gobernador - han venido transformando los recintos legislativos en verdaderas cuevas donde se tasan al mejor postor los intereses de la nación y las entidades (concesiones, transacciones para saltar de una cámara a otra, acuerdos a espaldas de los representados, con destinatario específico, reformas constitucionales y nuevas leyes), que han dado lugar a que el país se convierta en un gran pastel, y los estados en verdaderos feudos.
Si queremos asumirnos como verdaderos ciudadanos, estimado lector, es el momento de cuestionar esta lógica que sólo ha servido para torcer el sentido de la república, la democracia, la participación ciudadana, acércate a PC 29, allí te decimos cómo iniciar este proceso y formar ciudadanos en el amplio sentido del término, es decir, aquel que ha cumplido con sus obligaciones y debe exigir sus derechos.
En el Cajón. Revisando algunas normas, encuentro que ni la Constitución de Coahuila, o Ley Orgánica de la Administración Pública de Coahuila, que son las leyes principales donde se puede identificar cuáles son las obligaciones, facultades y funciones del gobernador, establecen que éste, puede olímpicamente ser ignorante sobre las decisiones que sus subordinados toman sobre asuntos tan importantes como la contratación de nuevos créditos o la reestructuración de la deuda pública del estado, al menos así lo hace suponer respuesta que recibe un usuario del sistema infomex, según solicitud de información Folio 00001118, dirigida a la Oficina del Gobernador; tal parece que el origen del problema no está en la conducta y capacidad de decisión del gobernador, sino en la regla que no le precisa rendir cuentas y documentar las acciones que derivan de sus decisiones.
En el caso de México el decisor es responsable de nada
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