El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó recientemente los resultados de su "Informe legislativo 2018", documento en el que, entre otros aspectos, se detalla el gasto de los congresos locales en todo el país. Evidentemente, hasta en los más modestos, resaltan los onerosos salarios y prestaciones de legisladores y sus equipos de trabajo. En Coahuila, por ejemplo, el documento revela que cada legislador cuesta alrededor de ocho millones de pesos anuales. Además, el congreso en su conjunto duplicó su presupuesto en el transcurso de seis años solamente, sin justificaciones aparentes.
A propósito del análisis de IMCO, esta semana fui invitada a participar en un espacio radiofónico para abordar el tema de los sueldos y prestaciones de lujo con que gozan los funcionarios más altos de Coahuila, de los tres poderes. Una primera reacción, que como ciudadana comparto con la mayoría, es la indignación ante la diferencia entre las condiciones laborales de dichos sujetos, frente a la gran mayoría de la población económicamente activa de nuestro estado, y la percepción de ineficiencia tanto de instituciones como de funcionarios.
El encono provocado entre la ciudadanía alrededor de este tema se agudiza cada vez que los mismos funcionarios y legisladores que gozan de estos privilegios, trabajan para disminuir los beneficios laborales de la mayoría, o fallan en la administración de los fondos de pensiones de los menos afortunados.
Pero en el fondo, estudios como el del IMCO o las evaluaciones que PC29 ha publicado sobre perfiles y productividad de funcionarios, no tienen el objetivo de alimentar la molestia social, sino de evidenciar la realidad para un análisis más profundo y el diseño de soluciones a las problemáticas que develan.
Es decir, que más allá de los montos gastados en nóminas y prestaciones, podríamos dirigir el enfoque a temas subyacentes o adyacentes que se pueden y deben ir solucionando: la falta de evaluaciones puntuales para altos funcionarios de todos los poderes, para determinar el impacto social del gasto (como en cualquier institución del sector privado); y la necesidad de desarrollar con seriedad servicios profesionales de carrera que garanticen que a esos puestos lleguen las personas más aptas, y no los compadres.
Ante gobiernos que han demostrado históricamente ser incapaces de autorregularse, el papel de las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general en la evaluación de perfiles y desempeño de sus representantes, se vuelve preponderante. Como decía en la entrevista, "a mayor información disponible y circulante entre la ciudadanía sobre el quehacer del gobierno y los funcionarios, aumenta también la capacidad de toma de decisiones ciudadanas."
El plan de austeridad anunciado por el gobierno electo y la Cámara de Senadores que recién entra a su encargo encuentra aprobación entre la mayor parte de una población mexicana vapuleada por bajos salarios, cada vez menos prestaciones o seguridades, pocas oportunidades y altísima rotación en los mercados laborales. Sin embargo, creo, existen mayores posibilidades de desarrollo sustantivo si proponemos desde la perspectiva de mejora de las condiciones laborales para todas y todos, evaluaciones estrictas de desempeño para gobernantes, y prestaciones proporcionales a la realidad económica y social en las entidades.
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