Señaló que la construcción desde un principio presentó vicios legales ya que no se cumplieron los requisitos legales avalados por la Constitución. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Vecinos cuyos domicilios se ubican a los alrededores de la gasolinera ProGas de la calzada Juambelz y avenida Hidalgo realizaron la tarde del martes una reunión con medios de comunicación para pedir al Ayuntamiento de Torreón no se deje presionar por los representantes de dicho establecimiento, y que se les expida la licencia de funcionamiento.
Alejandro Ramírez Camacho, representante legal del grupo de vecinos inconformes, informó que el problema que se enfrenta data de más de cuatro años desde que comenzó la construcción de la gasolinera.
Señaló que la construcción desde un principio presentó vicios legales ya que no se cumplieron los requisitos legales avalados por la Constitución.
En un principio se dijo que se construirían locales comerciales y de la noche ala mañana los vecinos se percataron que esto era falso y que se construía una gasolinera.
Ramírez Camacho, dijo que la gasolinera no cumple con los requisitos legales para su instalación, uno de ellos son las medidas radiales que determina que no puede existir dentro de un radio de dos mil metros cuadrados otras gasolineras y en el sector se tienen cuatro a una distancia mucho menor.
La otra es que tampoco puede haber un centro de distribución de combustible a una distancia de 150 metros a la redonda de centros de concentración masiva, y a una distancia menor a la especificada se tiene una guardería infantil, una escuela primaria, salones de fiesta, y consultorios médicos.
El abogado señaló que dicha disposición esta sustentada en el reglamento que impera para gasolineras y estaciones de venta, almacenamientos de combustibles y venta de gas licuado del Municipio de Torreón.
De acuerdo con Ramírez Camacho, el año pasado los representantes de la gasolinera solicitaron al Ayuntamiento una explicación para no darles la licencia de funcionamiento, al no ser contestada dicha solicitud, los abogados interpusieron un recurso legal de amparo denominado Negativa Ficta, en la cual se aduce que a falta de cumplimiento del requisito de temporalidad en la notificación de la resolución expresa recaída al recurso de revisión, conforme al artículo 36 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.
Ante dicha omisión, el Juez Federal le requiere al Ayuntamiento expida una licencia de funcionamiento a partir del mes de mayo a diciembre de 2017, la cual la empresa no puso en práctica, perdiendo así su oportunidad legal.
Actualmente no existe un reglamento que obligue al municipio a otorgar una licencia de funcionamiento, por lo que están solicitando al Ayuntamiento que no se deje sorprender.
