Postura. Las Mesas de Seguridad y Justicia deben continuar con su labor, consideró Gerardo Ibarra Rodríguez.
El coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia en La Laguna de Durango, Gerardo Ibarra Rodríguez, consideró que estos órganos deben continuar con su función pese al cambio de administración federal, pues han dado resultados positivos y han generado una mayor participación de la ciudadanía en temas de seguridad.
Refirió esperar que "las cosas sigan operando como hasta ahora", luego de que ya se han sostenido reuniones con el secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo a quien incluso se le hicieron algunos señalamientos u observaciones respecto del Plan Nacional de Paz y Seguridad.
El empresario destacó que, de entrada, ve positiva la intención de crear una Guardia Nacional, ya que la participación de las fuerzas armadas aún es muy necesaria porque estados y municipios no han logrado todavía resolver el tema de la seguridad sin el apoyo del Ejército, por distintos factores.
Se tiene la confianza en que si bien la Guardia Nacional estará formada sobre cánones militares, sus elementos no serán efectivos o en activo para tal efecto.
Ibarra Rodríguez señaló que el nuevo gobierno deberá apoyar el esquema que hasta ahora se ha aplicado, tanto en la preservación de estas Mesas de Seguridad y Justicia como en el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de figuras como el Mando Especial de La Laguna, el cual es referencia y ejemplo nacional de la coordinación que se puede dar desde la Sedena hacia las corporaciones de seguridad.
Prueba de ello, es que La Laguna ha tenido mejoría considerable, en comparación con otras regiones del país que padecen los embates de la violencia, como es el caso del Bajío, según lo que se expuso durante el Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad que se llevó a cabo en Tampico, Tamaulipas del 20 al 23 de noviembre pasado.
Las Mesas de Seguridad se crearon por iniciativa de la organización civil México SOS, y están representados los tres ámbitos de gobierno, sector productivo y ciudadanía en general, con una participación directa en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad y justicia.
