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Rechazan la Ley de Seguridad Interior

Los panelistas coincidieron en un rechazo hacia la Ley de Seguridad Interior, al considerar que eso significaría perpetuar el actual modelo de seguridad, que consideraron no ha sido lo más adecuado. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Los panelistas coincidieron en un rechazo hacia la Ley de Seguridad Interior, al considerar que eso significaría perpetuar el actual modelo de seguridad, que consideraron no ha sido lo más adecuado. (EL SIGLO DE TORREÓN)

FABIOLA P. CANEDO

Esta mañana se desarrolla el Foro Regional sobre la Ley de Seguridad Interior en la Universidad Iberoamericana, con la participación de representantes de organismos de la sociedad civil en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas.

Los panelistas coincidieron en un rechazo hacia la Ley de Seguridad Interior, al considerar que eso significaría perpetuar el actual modelo de seguridad, que consideraron no ha sido lo más adecuado.

Cada uno de los ciudadanos expuso cómo vivió la experiencia de perder a un ser querido debido a la actuación arbitraria de las Fuerzas Armadas. Teresa Mireles, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC), dijo que elementos de la Policía Federal se llevaron a su esposo, Héctor Armando, a quien sacaron de su casa en la madrugada durante el sexenio de Felipe Calderón y desde entonces no lo ha visto.

“Si antes no tenían permiso para matar, ahora que lo tienen, es un riesgo para los ciudadanos”, dijo, e indicó que la militarización no es la respuesta para tener seguridad.

Víctor Herrera compartió su experiencia sobre la desaparición de su hermano por elementos del Ejército, e indicó que hay más de 5 mil personas desaparecidas en dicho estado, en cifras formales reconocidas por la autoridad, sin embargo, es un problema sistemático porque las autoridades actúan para no encontrarlos.

Genaro Manrique, del Departamento de Derechos Humanos de la Ibero, señaló que la Ley de Seguridad Interior es una forma de recuperar la fuerza que perdió el Estado luego de verse en la coyuntura con los grupos delincuenciales, para lo que se establecieron dos soluciones, la militarización del país para recuperar el control y la reforma constitucional para fortalecer al Estado y acabar con el problema de legitimidad. Sin embargo, esta militarización se hizo sin un marco jurídico.

“Está mal el diagnóstico, la Ley de Seguridad Interior no es la solución ni lo va a ser”, expresó, “ahora, otra vez, quieren convencernos de que la militarización es la forma de proteger al país, y el otro argumento vacío, es que si ya lo están haciendo, hay que darles el marco jurídico para que operen”.

Consideró que la Ley debe terminar en las impugnaciones que enfrenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo contrario, la ciudadanía deberá seguir insistiendo en su abrogación.

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