Hay 220 suspensiones definitivas de permisionarios con centrales eléctricas que se ampararon contra el acuerdo del Cenace y la Sener, por lo que la resolución beneficia a todos los que están en la misma situación. (ARCHIVO)
Por cuestiones ideológicas, burocracia y cambios de reglas, desde hace año y medio, el gobierno federal no otorga permisos para 285 proyectos de energía, lo que pone en riesgo el abasto de electricidad en el país porque sigue en aumento la demanda pero no hay crecimiento de oferta, dijo el presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Régulo Salinas Garza.
Ello significa que hay 100 mil millones de dólares de proyectos de inversión detenidos que podrían concretarse a lo largo de la administración.
Explicó que hay 220 suspensiones definitivas de permisionarios con centrales eléctricas que se ampararon contra el acuerdo del Cenace y la Sener, por lo que la resolución beneficia a todos los que están en la misma situación.
Con respecto a los cambios en la asignación de certificados de energía limpia de octubre 2019, hubo suspensiones definitivas; los amparos contra el aumento de porteo de energías limpias en la mayor parte se consiguió suspensión.
"El resultado ha sido bueno en el sentido de que estas disposiciones no han tenido efecto real en costos pero sí en confianza de inversionistas que prefieren no invertir mientras no haya reglas del juego claras", expuso.
Consideró que este método de subastas es rentable para el gobierno federal porque "es lo ideal que un privado venga, invierta y venda energía relativamente barata y el gobierno la vende cara porque ya vimos que en México la tarifa es cara, es un negocio para CFE, se beneficia el medio ambiente y el país, pero las cuestiones ideológicas limitan esto".
Por ello dentro del plan de infraestructura se va a presentar al gobierno federal varios proyectos que están detenidos porque "hay una gran cantidad de proyectos detenidos por trámites burocráticos que ellos (la autoridad reguladora) podrían resolver rápidamente".
El problema es que sigue en aumento la demanda de energía eléctrica y no se construyen más plantas generadoras, por lo que estas políticas públicas pueden afectar el abasto y se pueden traducir en mayores precios.
"Los aumentos de 2018 volvieron a las tarifas industriales y comerciales de México caras y restaron competitividad a los productores mexicanos", expuso.
