El Poder Judicial de la Federación cuenta con 2 mil 200 abogados que dan atención a quienes lo solicitan. (ARCHIVO)
Una mujer ciega que fue víctima de robo a su tarjeta de crédito mediante compras por internet; una familia musulmana retenida por sospechas de terrorismo y un hombre con cáncer renal, a quien le han negado la aplicación de sus quimioterapias, tienen algo en común: recibieron ayuda de defensores públicos federales.
En México, no sólo los tribunales locales tienen a sus defensores públicos sino que el Poder Judicial de la Federación cuenta con 2 mil 200 abogados que dan atención gratuita a quienes tienen asuntos penales, civiles, fiscales, administrativos en tribunales federales de todo el país.
Estos abogados trabajan en el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y atienden a personas adultas mayores, con discapacidad, jóvenes, indígenas y migrantes que por razones sociales y económicas carecen de recursos para contratar a un abogado particular.
El IFDP cuenta con delegaciones en casi todos los estados de la República, pues en este año instalará la única delegación faltante en Tlaxcala.
Ahí, los usuarios pueden acudir a pedir ayuda con los abogados federales y a través de la unidad de trabajo social, se analizará si el interesado cumple el criterio socioeconómico para recibir el servicio.
Fue así como María solicitó apoyo del IFDP en Colima luego de que fue víctima de robo a su tarjeta de crédito, pues cuando explicó al banco que debido a su condición de invidente no utiliza internet, la institución rechazó desconocer los cargos por 5 mil pesos más intereses y comisiones que triplicaron el monto de lo robado.
El instituto solicitó una verificación en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), porque el banco no buscó a María para avalar las compras antes de hacer los cargos.
La Condusef determinó que el banco no debía cobrarle los cargos, pues estaba acreditado que María no había hecho las compras. A pesar de ello, el banco insistió en cobrar los cargos y María demandó civilmente con ayuda del IFDP.
Antes de que el juez dictara su sentencia, el banco canceló los cargos realizados a la tarjeta de María y anuló también el plástico, a través del cual la mujer había sido víctima de robo.
Una vez que el banco acreditó que dio de baja los datos de María del Buró de Crédito, ella decidió desistirse de la demanda presentada contra la institución financiera.
