La organización acusó a los Gobiernos nacional y regionales de 'desatención evidente y reiterada discriminación'. (EFE)
La mayor confederación de organizaciones indígenas de la Amazonía peruana denunció este jueves al Estado peruano ante las Naciones Unidas por el "peligro de etnocidio" al que están expuestos los pueblos nativos de la mayor selva tropical del mundo por la pandemia del COVID-19.
En una carta cursada a los relatores de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas del sistema de la ONU, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) responsabilizó a las autoridades peruanas de las consecuencias que el coronavirus pueda traer a los nativos amazónicos.
La organización, que agrupa a unas 1,800 comunidades nativas, acusó al Gobierno nacional y a los Gobiernos regionales de los 11 departamentos ubicados en la Amazonía peruana de "desatención evidente y reiterada discriminación" en los planes y estrategias para enfrentar el coronavirus.
Para los nativos, la propagación de la pandemia en el territorio peruano puede conllevar un genocidio de sus pueblos "generado por la inacción y discriminación del Estado peruano".
La Aidesep consideró que el Ejecutivo peruano aún no tiene un plan de atención de poblaciones indígenas para el coronavirus que incluya "una acción sistemática e intercultural", y lamentó que la prioridad haya sido las ciudades y las empresas.
CONTAGIOS EN INDÍGENAS
La federación indígena recordó que alrededor del 10 % de los más de 20,000 casos de COVID-19 registrados hasta ahora en Perú están en el territorio amazónico, que ocupa el 62 % de la superficie del país, con Loreto, la región más grande, como la tercera en número de contagios a nivel nacional.
En ese sentido advirtieron sobre los primeros casos de contagios comunitarios en población indígena registrados en Perú, una pareja del pueblo shipibo-konibo, en la comunidad nativa de Puerto Bethel, ubicada en la selvática región de Ucayali, que limita con Brasil.
Para las autoridades indígenas, la reacción de las autoridades ha sido "lenta y sin orientación", pues tres días después de que saltara la alarma llegó una comisión con solo tres pruebas rápidas para una comunidad de 300 habitantes.
