Este esfuerzo en el que redujeron de ocho meses a un mes el proceso de selección como un 'trabajo de artesanía legal', es un intento por despresurizar las cárceles que rebasan los 31 mil internos.
Debido a la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial del Estado de México prevén -en dos semanas- preliberar a 300 internos con el uso de brazaletes electrónicos. Manuel Palma Rangel, Subsecretario de Control Penitenciario, explicó en entrevista que la meta, para octubre, es beneficiar a 2 mil 786 internos.
Para llegar a estos resultados la secretaría envió al Tribunal Superior de Justicia cerca de 4 mil expedientes; serán los jueces quienes tienen la última palabra sobre este beneficio. Entre 2015 -cuando arrancó el programa- hasta diciembre de 2019, el Poder Judicial resolvió 2 mil 131 casos permitiendo a los sentenciados de delitos no graves cumplir su condena en libertad. Actualmente están operando mil 835 dispositivos de fibra óptica en todo el estado, equipos con micrófono, alarma, batería para 65 horas y un botón de llamada.
Tan sólo este miércoles, 25 personas privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social de Ecatepec recibieron el equipo, dos de ellos mujeres. El subsecretario explicó que el respaldo familiar, además de contar con un empleo, son dos de los requisitos indispensables para alcanzar este beneficio.
La expectativa es que la próxima semana se beneficien 80 internos más. Todos egresan de la cárcel tras firmar el compromiso para no violar el perímetro de seguridad, que bien puede ser el mismo municipio donde habitan o donde está su lugar de trabajo, aunque "no hay nada que impida la conexión pues la señal es satelital".
Palma Rangel calificó este esfuerzo en el que redujeron de ocho meses a un mes el proceso de selección como un "trabajo de artesanía legal", en un intento por despresurizar las cárceles que rebasan los 31 mil internos. Aunque Manuel Palma advirtió que es el sistema más "seguro del país", admitió que menos de 5% de beneficiarios del programa que se aplica conjuntamente con el Poder Judicial mexiquense ha reincidido en la comisión de un ilícito.
Agregó que alrededor de 2.5 millones de personas en el mundo tienen este sistema y los requisitos en la entidad es no tener otra sentencia pendiente, que no haya problemas con las víctimas de su ilícito, presentar buena conducta, haber cubierto la reparación del daño y tener, por lo menos, la mitad de la pena cursada.
"Es el sistema más grande e importante que tiene el país, incluso si sumamos todos los sistemas de brazaletes, incluso la Federación, el de la entidad es el más grande e importante de México", aseguró. Al salir, cada una de estas personas será vigilada por alguno de los siete monitoristas capacitados.
Los criminólogos y abogados están dentro del edificio del C5 en una sala especial compartida con los responsables de observar los centros penitenciarios. Seguimiento. Jaime Echartea Mojica, director general de Prevención y Reinserción Social explicó que cada especialista está a cargo de monitorear a 270 internos a la vez, pues gracias a la tecnología de los equipos es "imposible que se desconecten".
Si lo hacen, policías estatales acudirán a su domicilio o empleo para aprehenderlos en caso necesario. En caso de salirse, suena una alarma y el monitorista le llama para preguntar por qué violó los límites, si este no regresa, se activa un sistema de comunicación bidireccional con una alarma que obliga a los beneficiarios a volver o interviene la policía estatal.
Rechazo. Por su parte, el edil de Huixquilucan, Enrique Vargas, reiteró su "rechazo a la preliberación de reos que dañaron o afectaron a "nuestro estado" y afirmó "liberen recursos, no delincuentes".
