El Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que contempla la Ley General de Víctimas (LGV) podría desaparecer. (EL SIGLO DE TORREÓN)
El colectivo de familias buscadoras "Buscadorxs México" en el que participa Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida) de Torreón se pronunció en contra de la posible eliminación del fideicomiso destinado para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas. Se trata del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que contempla la Ley General de Víctimas (LGV) y que será discutido y votado este martes 6 de octubre en la Cámara de Diputados. En total, son 109 fideicomisos los que se pretende extinguir en materia de deporte de alto rendimiento, ciencia e investigación, de desastres naturales y el fondo metropolitano, entre otros.
Mediante un comunicado que suscriben 22 colectivos y 439 familias y familiares de víctimas por desplazamiento forzado por la violencia, señalaron que el fideicomiso es funcional, que no observan hasta la fecha ninguna problemática trascendente con la administración de recursos y que los apoyos les llegan de forma directa, contrario a lo que se ha dicho en los discursos públicos.
De igual manera, indicaron que las víctimas sienten desconfianza y preocupación en el actuar gubernamental además de que hay un desgaste y victimización por la defensa de la administración del presupuesto.
Incluso, señalaron que el Grupo Parlamentario de Morena que propuso la eliminación de los 109 fideicomisos viola los compromisos verbales públicamente adquiridos por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con colectivos de víctimas y familiares de personas desaparecidas. Uno de ellos es que habrá recursos suficientes para resolver dicha situación y que la búsqueda de personas desaparecidas es la prioridad de la actual administración federal.
Por dichas razones, "Buscadorxs México" solicita a los legisladores que no se reforme la Ley General de Víctimas ni se extinga el fideicomiso de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral sin antes generar un proceso que garantice el derecho de participación efectiva de las víctimas, sociedad civil organizada y colectivos así como garantizar el derecho a la participación en las modificaciones legislativas que afecten o se trate de los derechos de las víctimas.
