El Centro Diocesano Fray Juan de Larios criticó el decreto de movilidad que emitió el Gobierno.
El Centro Diocesano Fray Juan de Larios se manifestó inconforme con el decreto emitido por el Gobierno de Coahuila para las labores de prevención ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Señalan que, además de violatorio, se hace uso de funcionarios en materia de desaparecidos para llevar a cabo estas acciones.
A través de un comunicado, manifestaron que tras entrar en la fase 3 de la contingencia, el Gobierno de Coahuila emitió un decreto en el que emiten las disposiciones relativas a las movilidad de las personas.
Señalan que desde hace tiempo se iniciaron acciones como el cierre de municipios para evitar la propagación de la enfermedad, en las cuales se ha dispuesto a funcionarios de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que no son los correspondientes para filtros sanitarios y de salubridad
Indican que estos no deberían dejar de atender actividades de suma relevancia como la investigación de la desaparición forzada
"Consideramos que tanto el decreto como las otras acciones mencionadas son una grave violación a los derechos humanos de las personas que viven Coahuila", destacaron.
Señalaron que este tipo de decretos dan paso al uso excesivo de la fuerza y a la arbitrariedad por parte de las autoridades administrativas que ejecutarán este decreto.
Ante esto destacaron que como parte de este Centro de Derechos Humanos procederán de manera legal a los recursos que se tienen disponibles para defender los derechos que se están viendo afectados.
"El miedo y la preocupación son naturales ante este tipo de emergencia sanitarias, pero el actuar basado en estos miedos y preocupaciones, reprimiendo y limitando a las personas en su actuar solo hará que demos acceso al estado a volver a utilizar estas herramientas en ocasiones posteriores", destacaron.
Hicieron un llamado al Gobierno federal a actuar dentro de los marcos jurídicos aplicables y ejercer una controversia constitucional en contra del decreto emitido en Coahuila
Además exigieron al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud que emitan los lineamientos generales para este tipo de casos y así evitar que los gobiernos locales generan más violaciones a los derechos humanos.
Por último, la organización se puso a disposición para ofrecer apoyo a las personas que han sido objeto de detenciones, imposiciones de multas, restricciones a su movilidad con justificación de este decreto y emergencia sanitaria.
