'El incremento más grande en las necesidades (alimentarias) está en Latinoamérica', donde este año se prevé que el número de personas en inseguridad alimentaria severa aumente un 269 por ciento. (ARCHIVO)
Latinoamérica es la región donde más se ha incrementado la inseguridad alimentaria severa por el impacto de la COVID-19, afirmó en una entrevista ael director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), David Beasley.
Beasley, que asumió la jefatura del WFP en abril de 2017, advierte que, "de hecho, el incremento más grande en las necesidades (alimentarias) está en Latinoamérica", donde este año se prevé que el número de personas en inseguridad alimentaria severa aumente un 269 por ciento comparado con 2019, el mayor en términos relativos a nivel global.
En su primera visita a la región desde que se inició la pandemia, el alto representante del programa subrayó que una de las razones que le han llevado a viajar esta semana a Ecuador es la de "hacer saber al mundo que la COVID-19 está teniendo un impacto dinámico y negativo en América Central y Suramérica".
Y apunta directamente al coronavirus como elemento catalizador de ese ascenso, que ha agudizado la ya de por sí deteriorada situación económica regional con la pérdida de ingresos y trabajo, en su mayoría informal.
LA TORMENTA PERFECTA
Los últimos informes de WFP reflejan que 25 países del mundo están en un riesgo de devastadores niveles de hambruna en los próximos meses, "un problema global", indica Beasley.
El año pasado 135 millones de personas en el mundo se encontraban en una situación de seria inseguridad alimentaria, "literalmente en el abismo de la hambruna", cifra que este 2020 como consecuencia directa del coronavirus alcanzará los 237 millones.
El director ejecutivo de WFP reconoció que gran parte de las noticias sobre inseguridad alimentaria proceden de Asia, Africa y Oriente Medio porque son zonas de guerra y cambio climático.
"Mucha gente no piensa en Latinoamérica como una región con inseguridad alimentaria, pero la COVID-19 ha cambiado todo e impactado brutalmente en la cadena de abastecimiento", manifestó.
Mencionó focos como el Corredor Seco de Centroamérica, Haití en plena estación de huracanes en El Caribe, o la subregión suramericana, que definió como "la tormenta perfecta" para una crisis alimentaria donde 11 millones de personas están al borde de padecer hambruna.
Beasley visitó este miércoles una zona andina ecuatoriana donde pudo comprobar de primera mano proyectos de cooperación para alimentar a migrantes y personas sin hogar, además de una asociación agrícola indígena que suministra sus productos a escuelas locales.
"Lo que es importante comprender aquí es que el 60 % de la fuerza laboral es informal y ha quedado devastada por COVID-19, los cierres y la pérdida de ingresos", aclaró.
La población de migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú con inseguridad alimentaria moderada y severa subiría, de acuerdo con los datos del organismo, de 1.4 millones a unos 1.9 millones este año, proyección basada en una encuesta remota realizada entre abril y mayo de este año.
"Eso significa que luchan por conseguir comida, literalmente sobreviven día a día", explicó sobe esta población desplazada de su país de origen, de la que el 40 % sufre inseguridad alimentaria severa o moderada.
PROPONE ONU INGRESO MÍNIMO EN PAÍSES POBRES
La ONU propuso este jueves la introducción inmediata de una renta básica o un ingreso mínimo temporal para unos 2, 700 millones de personas que viven por debajo o muy cerca del umbral de la pobreza -más de un tercio de la población mundial- con el fin de frenar el avance del coronavirus.
La idea, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es que esos recursos permitan a la población de los países en víasdedesarrollocumplircuarentenasymedidasdedistanciamientosocial necesarias para contener una pandemia que no deja de avanzar.
En un informe, el PNUD calcula que costaría a partir de unos 199, 000 millones de dólares al mes facilitar ese ingreso básico a 2, 700 millones de personas en un total de 132 países, una cantidad abultada, pero que considera asumible para los Estados ante la emergencia sanitaria y social que vive el mundo.
“Los tiempos sin precedentes requieren medidas sociales y económicas sin precedentes. Introducir un ingreso básico temporal para las personas más pobres del mundo ha surgido como una opción. Esto podría haber parecido imposible hace solo unos meses”, señaló el administrador de esta agencia, Achim Steiner.
El estudio apunta que varios países han optado ya por acciones en esta línea, entre ellos Estados ricos como España, que aprobó en junio un ingreso mínimo vital que beneficia a cientos de miles de familias, y otros con menos recursos como Togo, que ha puesto en marcha un programa de ayudas para un 12 % de su población.
