La inversión para los proyectos oscila en los dos mil millones de dólares, con beneficio para las regiones de la capital y La Laguna. (EL SIGLO DE TORREÓN)
En Durango, son ocho proyectos, con una inversión aproximada de dos miil millones de dólares, los que están en riesgo por causa de las restricciones impuestas a las energías renovables en el país.
Así lo mencionó el gobernador José Rosas Aispuro Torres, quien señaló que ya se habló con Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a quien se le solicitó una reunión inmediata.
En esta participarían representantes de las entidades que se ven afectadas a causa de las restricciones impuestas a las energías renovables a través del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
El mandatario estatal manifestó que son ocho los proyectos de energías renovables que involucran a Durango, además de tres están prácticamente concluidos.
La inversión para los ocho proyectos oscila en los dos mil millones de dólares, con beneficio para las regiones de la capital y La Laguna.
"Vamos a defender estos proyectos, pues creemos que es un derecho ya adquirido por parte de los inversionistas", mencionó.
Es parte de la certidumbre que se debe dar a los empresarios, pues no se les puede dar una concesión para una obra y luego quitárselas.
Hay que recordar que desde hace algunos años, Durango ha sido catalogado por empresas de energías renovables, como una zona apta para el aprovechamiento de recursos naturales para su transformación en energía.
Sin embargo, una situación que preocupa es el hecho de que el Cenace, órgano encargado de supervisar la red eléctrica en el país, desde principios del mes puso fin de forma indefinida a las pruebas.
DECRETO POLÉMICO
El gobierno de México citó la pandemia del coronavirus para justificar la imposición de nuevas reglas que reducirán el papel de las energías renovables, como la solar y la eólica, otorgándole un respiro a las viejas plantas de combustibles fósiles del estado.
El decreto emitido el fin de semana ha desatado indignación entre inversionistas locales y extranjeros a los que se les había permitido vender su energía a la red operada por el gobierno.
Asociaciones de la industria indicaron que la medida afectara a 28 proyectos solares y eólicos que ya estaban listos para entrar en operaciones, y a otros 16 en construcción, con una inversión total de 6,400 millones de dólares, en su mayoría de compañías extranjeras.
Además, se fortaleció el esquema de la Comisión Federal de Electricidad, organismo público generador de energía.
