Ahora, el caso Escobedo se encuentra en la CIDH, organismo que recientemente notificó al Estado mexicano sobre la petición inicial.
Este 16 de diciembre se cumplen 10 años del feminicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, cometido frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y el balance actual del caso es desastroso: no se han resuelto omisiones e irregularidades ni se ha castigado a funcionarios y exfuncionarios que operaron durante la administración del exgobernador César Duarte Jáquez.
Tampoco los daños provocados a los familiares -quienes actualmente viven en Estados Unidos por amenazas a su integridad- han sido reparados, menos aún se les ha ofrecido una disculpa pública. Es decir, el suceso quedó en la impunidad y no se impartió justicia para Marisela, ni tampoco para su hija Rubí Frayre, quien también fue asesinada y por quien Escobedo inició una defensa férrea por todo el país entre 2008 y 2010.
Así lo revela la investigación que derivó en el documental Las tres muertes de Marisela Escobedo, coproducida por Netflix, Vice y Scopio -basada en la revisión de 3 mil 707 fojas de expedientes, 21 horas de audiencia y los diarios de la familia, así como más de 100 solicitudes de información y la elaboración de una línea del tiempo de 342 eventos suscitados-.
La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, señala que no se ha hecho justicia, no se han reparado los daños ni tampoco el gobierno de Chihuahua ha ofrecido una disculpa pública tras una década.
Por lo anterior, han comenzado a revisar la recomendación 44/2013 -que documentó cómo el gobierno de Chihuahua violó el acceso a la justicia, a los derechos, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la debida procuración de justicia y a la verdad-, con el fin de conocer su estatus y, en caso de que sea necesario, reabrirla.
Ahora, el caso Escobedo se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que recientemente notificó al Estado mexicano sobre la petición inicial, y por la cual tendrá que responder en un periodo de tres meses.
