Ante la situación que prevalece en la Ciudad de México pide la oposición establecer un ingreso universal para los habitantes.
Al coincidir en que el Ingreso Básico Universal, "es una discusión de carácter constitucional", diputados Constituyentes señalaron la necesidad de generar una ruta que permita definir temporalidad, montos y financiamiento, para garantizar este derecho ante los estragos que dejará la emergencia sanitaria por el COVID-19.
En el marco del foro virtual: "El Mínimo Vital en la Constitución de la CDMX: Una alternativa para enfrentar la pobreza", organizado por el PAN del Congreso de la Ciudad de México, coincidieron que la progresividad de derechos debe ponderar en la visión de Estado para hacerle justicia a los más pobres, garantizándoles acceso a una vida digna sin lógica electoral.
El coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea, llamó a establecer una mesa con los actores federales, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, para iniciar una discusión en el tema y no desvincular a la Ciudad de las acciones a nivel nacional.
"Para que la discusión del Mínimo Vital no corra por cuenta propia en la Ciudad de México, ajeno a la discusión en lo federal y entonces tengamos políticas nuevamente fragmentadas y descoordinadas, sino que hablemos del Mínimo vital, de la renta básica como un derecho de los capitalinos y de todos mexicanos", expresó el panista.
Refirió que la viabilidad financiera del Mínimo Vital en la CDMX, es posible con la reorganización del Presupuesto local y el recorte del 10% del gasto de las dependencias.
En tanto, la constituyente Cecilia Soto González mencionó que el debate sobre el Ingreso Básico Universal, es pertinente y existen formas de financiamiento sin exponer la capacidad del Gobierno para pagar deuda, lo que se discute es la forma de hacer llegar los recursos a los ciudadanos sin intermediarios.
"De tal suerte que la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente", dijo.
En su momento, Santiago Creel defendió el ingreso básico, como un proyecto nacional para acabar con la política social implementada hasta ahora, poco transparente y con una carga clientelar, y así romper verdaderamente con la pobreza extrema, "pues se trata de un asunto de libertad", afirmó.
