En las pruebas a equipos en la termoeléctrica aseguran que el ruido superó los 110 decibeles. (AP)
La planta termoeléctrica se levanta sobre un puñado de casas y vacas que pastan en los maizales de Huexca, una pequeña comunidad agrícola en Morelos, donde muchos de sus habitantes consideran que el proyecto es un monstruo dormido a punto de despertar.
Durante las pruebas a equipos en la termoeléctrica aún inactiva, los residentes aseguran que el ruido superó los 110 decibeles, lo que equivale al volumen de una turbina de avión durante el despegue y prácticamente 50% por encima de los niveles considerados tolerables para el umbral promedio de dolor del ser humano. Las personas dijeron que experimentaron jaquecas severas, los niños vomitaron y algunos de los habitantes sufrieron pérdida auditiva.
"La termoeléctrica no la queríamos, más bien nos la impusieron", dijo Teresa Castellanos, una residente de Huexca que desde 2012 se ha manifestado en contra del proyecto gubernamental.
Huexca significa "lugar de alegría" en la lengua indígena náhuatl, pero la localidad de menos de 1,000 habitantes se ha convertido en un sitio de discordia. Algunos quieren que la planta comience a operar. Otros la rechazan fervientemente, asegurando que destruirá su vida rural y posiblemente los obligue a abandonar la única tierra que han conocido.
La planta forma parte de un megaproyecto energético que incluye un ducto de gas natural que atraviesa tres estados del país. Está en el centro de una controversial y añeja batalla, y ahora está generando cuestionamientos entre algunos grupos sobre los compromisos del nuevo gobierno izquierdista con los derechos de los indígenas a decidir sobre sus tierras.
Docenas de comunidades, en su mayoría indígenas, ubicadas a lo largo de los 159 kilómetros de ducto se han unido para combatir el proyecto, que creen los despojará de agua para sus cultivos y contaminará la tierra y el aire.
Cientos de ambientalistas marcharon el viernes en la Ciudad de México para mostrar su oposición a los enormes planes de infraestructura del gobierno. Además del megaproyecto energético, los planes incluyen un tren turístico en territorio maya y una línea ferroviaria de carga en el sur del país que los activistas aseguran da preferencia al comercio por encima de los deseos de las comunidades indígenas, además de ser un riesgo para la flora y fauna de la región.
El proyecto eléctrico ha avanzado con altibajos durante más de una década. Está prácticamente finalizado, pero los obstáculos legales y los bloqueos efectuados por habitantes del lugar han impedido que se conecten los últimos metros de ducto necesarios para el encendido de la termoeléctrica.
En la localidad de San Pedro Apatlaco, hombres de las comunidades ubicadas en el trayecto del ducto se turnan para dormir bajo lonas en las márgenes del río Cuautla para asegurarse de que no se instalen los últimos tramos de tubería. Esos ductos llevarían agua de la termoeléctrica a una planta de tratamiento de aguas. Los hombres han acampado durante más de tres años en el lugar, a un costado de las tuberías abandonadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, quiere echar a andar el proyecto. Cancelarlo le costaría al país más de 19,000 millones de pesos, asegura.
