Puntualizó que debe condenarse la violencia institucional. (ARCHIVO)
La fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), María de la Luz Mijangos Borja, planteó que debe ser un delito con pena agravada el pago con favores sexuales que reciba un servidor público a cambio del ejercicio de un derecho de una mujer o una niña.
Al condenar que debe atacarse este tipo de violencia institucional, la fiscal afirmó que en la ley se debe dejar claro "cuándo un soborno es de carácter sexual y cuándo afecta a mujeres y niñas".
La fiscal Anticorrupción de la FGR incluyó un apartado sobre violencia de género en su Informe Anual de Actividades y Resultados que envió al Senado.
Informó que propone la contratación de 40 mujeres que realicen labores de oficiales ministeriales, al lado del Ministerio Público, que se capaciten en tareas de integración de carpetas de investigación y que puedan acceder en el futuro a plazas de MPF.
Asimismo, dijo que el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define la "violencia institucional", como aquella que tiene como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Encontró que "hace falta profundizar en esta violencia y relacionarla con el delito de cohecho para agravar la pena, cuando el beneficio que recibe el servidor público sea de carácter sexual".
