Exdirectores de la pasada Administración municipal ofrecieron una rueda de prensa para aclarar las presuntas irregularidades del proceso entrega-recepción. (EL SIGLO DE TORREÓN/ANGÉLICA SANDOVAL)
Exfuncionarios públicos de la anterior Administración municipal de Gómez Palacio se defendieron de las acusaciones vertidas por el Gobierno de Marina Vitela, quien en pasados días señaló que en el proceso de entrega-recepción se habían detectado presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por un monto total de 432 millones 225 mil 523.89 pesos.
En rueda de prensa, el exsíndico municipal, José Lorenzo Natera, dijo que el único objetivo era informar a la ciudadanía gomezpalatina sobre las aclaraciones por parte de diversas dependencias de la gestión 2016-2019 con relación a los citados señalamientos y aclaró que no habría sesión de preguntas y respuestas, entre medios de comunicación y exservidores.
Quienes asistieron fueron Francisco Bardán, actual regidor y exoficial mayor; Aideé Román Vázquez, actual regidora y exdirectora de Sistemas; Adelmo Ruvalcaba, exdirector del Sideapa; Juan José Ramírez, extitular de Catastro; Juan Salazar, quien era director de Servicios Públicos; Javier Calderón, excontralor; y el extesorero municipal, Óscar García Villarreal.
El extesorero municipal explicó que la que fuera su dependencia acumuló más del 60 por ciento de las observaciones que fueron señaladas.
Respecto al contrato de servicios profesionales y referente a que no se tenía un presupuesto autorizado, aclaró que la Administración municipal tiene la facultad de adecuar el presupuesto de Egresos a los requerimientos que día a día se presenten durante la gestión, siempre y cuando sea aprobado por el cabildo; también señaló que el contrato por concepto de asesorías legales fue por tres años. Dijo que la adecuación del presupuesto de pago de honorarios fue aprobado por el cabildo anterior el pasado 29 de agosto de 2019.
Explicó que los servicios contratados al inicio de la pasada Administración no pudieron ser sujetos a una licitación dado que el prestador de servicios aceptó que el pago de sus servicios estuviera condicionado al éxito de sus gestiones y, en caso de fracaso, a no recibir pago alguno. Comentó que el pago se realizó al final para evitar pagar penas convencionales y por la negociación que se hizo para disminuir el pago de los porcentajes pactados en el contrato original.
De los pagos por Asistencia Social que se detectaron en la Dirección de Egresos en el periodo 2016-2019 sin supuesto sustento legal por 146 millones de pesos, se explicó que sí estaba permitido endosar, comprobar y registrar un cheque y que no era "una maquinación fraudulenta" pues es una práctica bancaria necesaria y común para disponer de dinero en efectivo y además para evitar caer en algunos delitos electorales.
Sobre que se dejaron de pagar retenciones al ISSSTE, explicó que entraron en un punto incierto derivado de algunas negociaciones que a ellos no les parecieron correctas. "Al desconocer ellos mismos, el ISSSTE, algunos de los pagos ya realizados enterados en el ejercicio 2016 y cuando reconocieron y aceptaron su error, ya no hubo oportunidad ni el tiempo necesario para pagar dicho compromiso por parte nuestra, que son 10 millones 300 mil pesos de cuotas".
Aclaró que el 30 de agosto de 2019, un día antes de hacer entrega de la Administración, se tenía disponible en la cuenta bancaria de participaciones, el recurso suficiente para cubrir dicho adeudo, "hecho que en su momento, en lo personal, recomendé que así se hiciera a la Administración entrante, desconozco por qué no lo hicieron así".
Respecto a que se dispuso indebidamente de 24 millones de pesos del Fondo de Ahorro de los Trabajadores, explicó que se pagó de la quincena uno a la 10, quedando el resto por pagar con las participaciones federales que se reciben en diciembre de 2019, mes en que los trabajadores cobran dicha prestación y en la cual, el Municipio recibe doble participación para cubrir esa obligación que se tiene.
El exoficial mayor, Francisco Bardán, negó irregularidades en la adquisición de 130 acciones consistentes en cuartos para baño. Agregó que es el beneficiario de recibir esta obra, el responsable de realizar el emparejamiento y nivelación del terreno en el cual se colocan, así como también es el responsable de realizar los trabajos necesarios para la conexión a la red hidráulica.
En lo que respecta a Servicios Públicos y sobre supuestas irregularidades en el contrato relativo a la adquisición y suministro de 2 mil 023 luminarias con tecnología led, con base y fotocelda integrada abatible y multivoltaje, Bardán afirmó que no procede una denuncia penal en contra del proveedor, toda vez que las obligaciones y responsabilidades derivadas del contrato, únicamente corresponden a la vía civil. Señaló que el proveedor entregó en tiempo y forma las luminarias que fueron instaladas en el área rural por lo que hay evidencia que éstas fueron entregadas conforme a lo estipulado en el contrato.
En el Sideapa, el extitular Adelmo Ruvalcaba, aclaró que en el pago de un contrato de 950 mil 789 pesos a una empresa para el suministro, instalación y arranque de dos equipos de medición de gasto para fuentes de abastecimiento, la intención no era cambiar medidores sino instalar telemetría en los pozos 3, 1, 15 y 29 que envía información cada diez minutos al centro de cómputo y a los teléfonos celulares de los ingenieros que operan las norias sobre la presión, el gasto e interrupción de la energía eléctrica.
Sobre la asignación de obras por 73 millones de pesos a una constructora, aseguró que se hizo licitación pública, invitación cuando menos a tres personas y adjudicación directa. Esta última porque hubo situaciones inesperadas como las dolinas y precipitaciones.
El exdirector de Catastro dijo que en noviembre de 2019 atendió las comparecencias a las que fue citado y que dio respuesta a cinco aclaraciones, mientras que Aideé Román, extitular de Sistemas, aseguró que sí entregó las bases de datos y que prueba de ello, es que la recaudación y el sistema en general está operando actualmente.
Previamente se había informado que en la rueda de prensa estaría presente la exalcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, sin embargo no fue así. El Siglo de Torreón trató de buscar una entrevista pero se informó que el pronunciamiento que se haría en torno a este tema sería único.
