El caso de Guernica fue uno de los más mediáticos en los últimos meses. (EFE)
La tensión en Argentina por la creciente toma de propiedades privadas, en medio de la crisis económica, aumentó tras el desalojo policial este jueves de un terreno ocupado por cientos de familias desde hace más de tres meses y a la decisión judicial de que cese la ocupación de otro campo propiedad de un exministro.
El primer hecho destacado de la jornada tuvo lugar en el terreno bonaerense de Guernica, ubicado a unos 30 kilómetros de la capital, donde la policía desalojó una ocupación de tierras iniciada a finales de julio pasado, donde llegaron a vivir unas 3,000 personas.
Tras el diálogo en las últimas semanas con el Gobierno provincial, una buena cantidad de ellas se marchó, pero aún quedaban unas 200, que seguían en el terreno en el momento del desalojo.
DESALOJO POSTERGADO
El caso de Guernica fue uno de los más mediáticos en los últimos meses, en los que el Gobierno provincial solicitó hasta en cuatro ocasiones la prórroga de un desalojo que la Justicia determinó en primera instancia para el pasado 7 de agosto.
"El Gobierno de la provincia de Buenos Aires hace más de 30 días que está trabajando en el lugar, por esa razón se logró que el 80 % del las personas que estaban allí accediera a retirarse pacíficamente de la toma, con las alternativas que le planteo el Gobierno", señaló la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, en diálogo con El Destape radio.
En medio de la polémica, el Ejecutivo provincial, liderado por el oficialista Axel Kicillof, creó el Fondo Especial de Subsidio para la Asistencia Crítica y Habitacional para "atender a la población vulnerable de la provincia de Buenos Aires que necesite asistencia para acceder a una vida digna", y que otorgará subsidios de hasta 50,000 pesos (unos 600 dólares según el tipo de cambio oficial).
Una decisión que fue criticada por miembros de la oposición al considerar que se premia a los usurpadores.
El desalojo de este jueves se llevó a cabo con incidentes y enfrentamientos entre los ocupantes y las fuerzas de seguridad, con lanzamientos de piedras y gases lacrimógenos, aunque tras unas primeras horas de tensión la policía se hizo con el control del lugar y en él permanecerán más de 500 efectivos para evitar nuevas ocupaciones.
A los que ocupaban las tierras se les ofreció acudir a albergues públicos mientras se resuelve su situación, y algunos actores políticos criticaron esta medida, como hizo la legisladora por el oficialista Frente de Todos en la capital Ofelia Fernández.
"Desalojo y represión en Guernica, aparentemente ninguna otra respuesta del estado para las 1,500 familias. La decepción y el repudio es total. Sacaron los palos con niños ahí, detuvieron a militantes secundarias, quemaron casitas de palos y nylon... me explico?", publicó en su perfil de Twitter.
El fiscal que lleva el caso, Juan Cruz Condomi, declaró a la prensa que por "las familias debería velar el Estado para procurar lo que sea necesario para que esas familias tengan lo que tienen que tener, no la Justicia. La Justicia representa a las víctimas, y las víctimas son a quienes se les usurpó su terreno".
