Se llamó a los cuerpos de seguridad a usar 'fuerza letal' para defenderse y proteger a ciudadanos. (ARCHIVO)
Activistas de derechos humanos de El Salvador temen que el llamado al uso de la "fuerza letal" del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas provoque una respuesta violenta de estas bandas, lo que podría generar un aumento de asesinatos, y ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad.
De acuerdo con David Morales, exprocurador de derechos humanos, las medidas adoptadas por Bukele ante el alza de asesinatos "no representan ninguna iniciativa novedosa en El Salvador" y, en el pasado, han llevado a recrudecer la violencia.
"Es lamentable que el presidente Bukele esté repitiendo este esquema tan fracasado y que ha generado tanto dolor en el pasado y que ha demostrado no tener efectividad", dijo Morales a Efe.
De acuerdo con datos oficiales, en el país centroamericano, considerado como uno de los más violentos del mundo, se registraron entre el viernes y domingo 58 homicidios.
Ante el aumento de asesinatos, que rompe con la tendencia registrada durante el actual gobierno, Bukele llamó a los cuerpos de seguridad a usar la "fuerza letal" para defenderse y proteger a los ciudadanos.
Además, ordenó recrudecer el régimen de seguridad de las prisiones, por lo que el lunes fueron selladas con placas metálicas las celdas de unos 16,000 pandilleros.
Según el Ejecutivo, estos presidiarios transmitieron las órdenes de aumentar las muertes violentas desde el interior de las prisiones con señales codificadas y estas las llevaron al exterior presos liberados.
"Hemos tenido claros ejemplos de que este tipo de enfoques y de intervenciones no son efectivas, han fracasado, no han disminuido la violencia", sino que "han llevado a un escalada de los homicidios, han generado ejecuciones extrajudiciales que quedan en la impunidad", añadió.
Morales, director de Derechos Humanos de la organización centroamericana Cristosal, señaló que estas medidas también "han generado respuestas más violentas de parte de la delincuencia, inclusive cadenas de venganza" que han afectado a los familiares de policías y soldados.
ESTADO DE DERECHO Y EJECUCIONES
Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), advirtió que el llamado al uso de la "fuerza letal" tendrá como consecuencia un "debilitamiento del estado de derecho".
"Pareciera ser que los cuerpos de seguridad están actuando por voluntad personal del presidente y no sometidos al marco de la ley", explicó Escalante y añadió que la legislación salvadoreña exige que el uso de la fuerza "sea proporcional, sea necesario y sea adecuado".
Apuntó que ese uso de la fuerza también se debe someter a los controles internos de los cuerpos de seguridad y externos, como la Fiscalía General de la República (FGR), para determinar si se cometen faltas administrativas o penales.
Mientras, el exprocurador advirtió que "las experiencias anteriores han demostrado que los controles internos de la Policía para prevenir e investigar los abusos son totalmente infuncionales" y "están neutralizados desde hace varios años".
Añadió que el Ministerio Público "juega un rol sumamente pasivo y de tolerancia frente a los abusos de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales".
Según investigaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, agentes de la Policía "ejecutaron" al menos a 116 personas entre los años 2014 y 2018.
El subdirector del Idhuca también llamó a organismos internacionales a vigilar que la crisis sanitaria por la COVID-19 no derive en una "crisis político social" en la que el Gobierno pretenda actuar "sin ningún tipo de control".
