El 16 de octubre, el presidente López, durante una de sus giras por el norte de México, anunció su propósito de lanzar un decreto que permitirá la legalización de los autos importados ilegalmente al país.
Se trata de los llamados "chocolates", apodo dado en referencia a las monedas que recubiertas de oropel dan apariencia de verdadero dinero y bien que les queda el mote, sabiendo lo dañinos que son para la ecología, la economía y hasta seguridad pública de los estados federales que padecen tal invasión dispar.
Fue durante el sexenio del presidente parlanchín, Vicente Fox, cuando se permitió la importación de esos vehículos; en aquellos años, introducidos ilegalmente al país, eran observados cotidianamente en el medio rural de los estados eminentemente agrícolas; los propietarios los justificaban para atender sus trabajos y por razones económicas les resultaba prohibitivo adquirir uno nacional e imposible hacerse de alguno nuevo.
Para resolver el conflicto con los poseedores de "chocolates" y el problema de seguridad que representaban, se dictaron reglas para poseerlos; entre ellas: registrarlos debidamente mostrando títulos de propiedad y comprar un seguro que, al menos, incluyera daños a terceros.
Desde luego que no se cumplió con el acuerdo y, además, el abuso se extendió a todo tipo de vehículos y personas, cuando la justificación había sido autorizar únicamente camionetas y camiones útiles a campesinos y ejidatarios, para sus trabajos agrícolas.
Se calcula que para el 2014, ya pudieran haber existido hasta cinco millones de tales chatarras, muchos de ellos estando yonkeados o aparcados en lugares y espacios públicos. Considerando el nuevo decreto, ahora se calculan en más de millón y medio las unidades que podrán circular en México y sus propietarios deberán liquidar por el registro alrededor de dos mil quinientos pesos. ¿Usted cuánto paga por su vehículo?
Es incuestionable la necesidad de atender las necesidades básicas de los que menos tienen y, ante esa realidad y considerando imposible ofrecerles servicios adecuados de transporte y movilidad, el gobierno federal busca la solución del problema de la forma más desatinada.
Claro que representan votos. El ingreso será, según cálculos, hasta dos mil quinientos millones de pesos extras para las arcas nacionales, con la promesa de utilizarlos en bachear calles. Cantidad ridículamente insuficiente.
En países desarrollados, la solución ha sido ofrecer servicios públicos de transporte adecuados y suficientes y, dado el caso, otorgar autorización de circulación a vehículos particulares con la obligatoriedad de contar con seguros de accidentes de cobertura amplia y garantizar la menor contaminación.
En México, es harto difícil encontrar soluciones efectivas; primero, por el problema que representan las mafias del transporte, consentidos por los votos que se perderían; luego, por la ineficiencia y corrupción en el manejo de los recursos que honestamente administrado podrían aplicarse en crear transporte público eficiente y digno.
Fuera del populismo de la decisión tomada, la ganancia de adeptos que votarán a favor y el ingreso de ese dinero extra, no hay evidencia de otros beneficios.
El origen de la "permisividad chocolatera" ya es injustificable. Usted puede comprobar quienes transitan en las ciudades con placas apócrifas, contrastando los pagos de impuestos del ciudadano común y cumplidor. Es lucrativo negocio de villanos y decisión electorera: corrupción.
El daño provocado y que se incrementará, incluye temas de ecología: la enorme contaminación por eliminación de humos y vapores de vehículos mal carburados o con graves deficiencias en sus motores, muchos con la urgente necesidad de reparaciones mayores.
El costo en salud será grande, con enfermedades respiratorias, alergias y otros males, que se incrementarán. Quienes más pagarán serán "primero los pobres", porque sufren serias deficiencias en atención a su salud.
Daño a la economía general, al provocar crisis en la industria y comercio automotriz del país, que se reflejará en desempleo y baja sensible de ingresos de independientes y sus trabajadores; los ricos también sufrirán, pero en mucho menor cuantía.
Daño a la seguridad pública, con la posibilidad del cometido de delitos con tales vehículos no registrados y consecuentemente inidentificables sus propietarios y conductores.
Deterioro en las carpetas asfálticas, por el depósito de aceites, restos de gasolinas mal quemadas en el proceso de combustión y materiales diversos, incluida la inseguridad con derrapes. Todo a cargo al presupuesto para bacheo de las ciudades, pagado por los ciudadanos.
Daño a la economía familiar de aquellos que compraron un vehículo nacional que, a partir del decreto, verán depreciado y encarecida la posibilidad de reposición con uno legal.
El ciudadano común no se beneficia con tal medida.
La decisión tomada por el presidente López, se suma a otras varias que tienen que ver con su irrespeto a la ecología -al fin que no se notará en el corto plazo- y su indiferencia negativa al esfuerzo mundial para atender el gravísimo problema de la contaminación. ¿Qué le parece?
ydarwich@ual.mx