Denuncias correspondieron a internos del Cefereso 18 en Mesillas, Ramos Arizpe, Coahuila.
De enero a octubre de 2021, las quejas que más fueron presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por ciudadanos de los estados de Durango y Coahuila, correspondieron a las personas privadas de la libertad en los penales federales, siendo la atención médica, una de las omisiones más concurrentes.
Las quejas correspondieron a internos del Cefereso 18 en Mesillas, Ramos Arizpe; mientras que de Durango fueron del Cefereso 7 Nornoroeste, ubicado en Guadalupe Victoria, además del Cefereso 14, de Gómez Palacio.
De acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, en ese periodo en Coahuila se presentaron 404 quejas, de las cuales 146 fueron contra autoridades del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, seguido del Instituto Nacional de Migración (INM) con 62.
Las quejas de ambas dependencias señaladas, representaron el 51 % de la totalidad de las quejas.
En relación a la primera institución señalada en Coahuila, 95 de las 146 quejas presentadas por los internos fue por omisiones al proporcionar atención médica, mientras el resto fue por acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de la libertad, omitir suministro de medicamentos, así como trato cruel e inhumano.
Además en menor proporción fueron por negligencia médica y transgredir el derecho a la libertad sexual.De la totalidad, 122 fueron concluidas, en una más no existió materia de violación y otra se fue por conciliación, mientras que 22 más aún están en espera de resolución.
Por otro lado, en relación a Durango, 94 quejas fueron presentadas por los internos en los dos penales.
Esta cifra por sí sola representó el 50 % de la totalidad de las quejas, seguida por quejas de ciudadanos en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 23 quejas.
En relación a las quejas de internos, de las 94, la mayoría se presentaron por omisiones a la atención médica.
En menor medida fueron por incomunicación transgresiones a derechos de indígenas, falta de legalidad en el desempeño de funciones, omitir suministrar medicamentos, entre otras. De las 94, alrededor de 58 fueron concluidas, mientras que el resto están en trámite.
