Acompañado por empresarios miembros de cámaras empresariales de la región Laguna, el empresario Gabriel Villalobos lanzó un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se aplique el estado de derecho en torno a la invasión que sufrió en su propiedad por habitantes de la comunidad de Los Cuatillos, municipio de Cuencamé. (GUADALUPE MIRANDA)
Acompañado por empresarios miembros de cámaras empresariales de la región Laguna, el empresario Gabriel Villalobos lanzó un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que se aplique el estado de derecho en torno a la invasión que sufrió en su propiedad por habitantes de la comunidad de Los Cuatillos, municipio de Cuencamé, caso que se ha tornado violento en los últimos días por pobladores que han tomado el lugar en el que incluso tienen retenidos a tres trabajadores y han evitado incluso la presencia de agentes del Ministerio Público, tras las denuncias penales presentadas.
En rueda de prensa en la que estuvieron presentes, José Luis Hotema, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP) así como Gerardo Ibarra, presidente de la Mesa de Seguridad en la región Laguna Durango, así como representantes del Grupo Empresarial de La Laguna (GEL), Villalobos, comentó que el problema data de más de 8 años durante el proceso de reconstrucción de la Casa Grande de la Hacienda Pedriceña, propiedad de su familia desde hace más de 120 años, detectaron la invasión de cuatro recámaras en la parte posterior de la misma, por personas identificadas como Héctor, Mario y Gerardo Esquivel Galindo, quienes se niegan a abandonarlas.
Aunque han ganado todos los recursos legales, los invasores se han reusado a desalojar La Hacienda e incluso organizaron una resistencia civil de unas 50 personas con apoyo de mujeres y niños quienes se han posicionado a la entrada del lugar con hachas y otras herramientas para evitar el acceso y salida de los trabajadores.
Villalobos denunció incluso que su entonces velador fue golpeado y tras los hechos renunció. Hasta ayer por la tarde, se mantenían retenidas tres personas trabajadoras y cerca de 10 más no habían podido tener acceso.
La familia afectada desconoce quién se encuentre detrás de la movilización que aseguran debe ser costosa por el número de personas que participan.
Aunque denunció el hecho al 911, a solicitud del subsecretario de Gobierno Oswaldo Santibáñez a quien se le informó de lo sucedido desde la noche del jueves, únicamente se le notificó su folio y no enviaron a elementos de la Policía Investigadora.
De acuerdo con Gabriel Villalobos, hay temor en la familia sobre todo por las amenazas incluso de muerte que han recibido, por lo que han evitado acudir al lugar.
Ante lo sucedido, llaman a las autoridades Federales, Estatales y Municipales de Cuencamé a que se aplique la Ley y el Estado de Derecho.
El denunciante dijo que están dispuestos a negociar ofreciéndoles unos pies de casa en otros terrenos de la misma comunidad, cosa que se han negado señalándolo que solo podrían hacerlo con los líderes del movimiento, lo cual no están dispuestos a hacerlo.
