La acción legal parece contundente y hasta cierto punto justa, pero creemos que no llegará muy lejos y solo será utilizada, una vez más, con motivos políticos y electorales.
Nos referimos a la denuncia que el Gobierno de México interpuso hace unas horas en una corte federal norteamericana para solicitar una compensación de hasta 10 mil millones de dólares en contra de varias compañías fabricantes de armas.
La acción legal se fundamenta en supuestas prácticas negligentes que permiten el tráfico de armamento a México por parte de las empresas Smith & Wesson, Barret Firearms, Colt'sManufacturing Company, y Glock Inc., entre otras.
Son en total once fabricantes y proveedores de armas que fueron acusados de facilitar de manera negligente el flujo de armas a los poderosos cárteles de la droga.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que "si no hacemos una demanda y si no la ganamos… vamos a seguir teniendo muertos todos los días en nuestro país".
La poderosa Asociación de la Industria de Fabricante de Armas de Fuego de Estados Unidos (NSSF, por sus siglas en inglés), sostuvo que la acusación carece de fundamento y que en lugar de buscar un chivo expiatorio, México debe concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia.
La importación ilegal de armas a nuestro país, calculadas en más de 300 mil unidades al año, es un asunto viejo y muy complejo, pero culpar a los fabricantes de armamento sería tanto como imputar a las compañías de autos por facilitar el transporte y traslado de drogas además de la realización de delitos del crimen organizado.
La demanda del gobierno mexicano exige a los fabricantes de armas sancionar a los distribuidores involucrados en tráfico ilícito, incorporar mecanismos de seguridad en sus armas, financiar programas para prevenir el tráfico ilegal y detener las "prácticas negligentes" que afectan a nuestro país.
Sólo faltó pedirles que a través de alta tecnología detecten a los capos que portan armas, los arresten y los entreguen a la justicia mexicana, desde luego con el compromiso de que no serán liberados como ocurrió con Ovidio Guzmán, el heredero de Joaquín "el Chapo" Guzmán.
Estados Unidos es por mucho el primer exportador de armas en el mundo y le siguen Rusia, Francia, España y Alemania. Estos cinco países controlan el 75 por ciento del mercado mundial de armamento.
Sin embargo, ni Rusia ni Francia, España o Alemania cuentan con un vecino tan violento como México en donde anualmente se registran más de 30 mil homicidios dolosos.
Estados Unidos tiene un vecino al norte llamado Canadá con una frontera similar a la de México, en donde se registraron el año pasado apenas 743 homicidios. ¿Será que en aquella nación no hay interés por parte de las compañías de armas para promover el tráfico ilegal?
En Norteamérica calculan que la población civil posee 393 millones de armas de fuego, alrededor de 1.2 unidades por habitante mientras en México existen alrededor de 18 millones de armas legales e ilegales lo que arroja un porcentaje mucho menor al de los vecinos del norte.
¿Son entonces el número de armas traficadas ilegalmente lo que provoca el alto índice de homicidios en nuestro país o bien se trata de un problema más complicado donde se mezcla la impunidad, el narcotráfico, la corrupción y la falta de una cultura en el manejo de armas?
Al gobierno mexicano le costará tiempo y muchos dólares ganar esta batalla legal ante un tribunal federal de Massachussets, todos quisiéramos que de tajo se acabara el tráfico de armas a nuestro país, pero es prácticamente imposible que esta demanda logre tal objetivo.
Se requiere sin duda una mayor regulación en la venta y uso de las armas al tiempo que acciones efectivas y contundentes por parte de la autoridad mexicana para poner un alto al derrame de sangre que vive México.
Lo cierto es que el objetivo de desviar la atención mediática hacia el exterior lo consiguió una vez más el régimen de la cuarta transformación, al menos de manera temporal.
PUNTO FINAL…
La información sobre la tercera ola de Covid-19 en México se ha magnificado y lejos de ayudar provoca más miedo, ansiedad y confusión en la población. ¿Cuándo permitirá el gobierno mexicano que los gobiernos locales y la sociedad civil sean los encargados de coordinar los programas contra la pandemia?
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