Abogado Héctor Javier Liñán García
Los responsables del peritaje del accidente en el que un niño murió en un percance vial, así como la titular de Control de Accidentes, Aida Margarita Guardiola y el encargado del Departamento Jurídico de Seguridad Pública, Humberto Varela, habrían recibido 50 mil pesos para dejar en libertad al conductor del automóvil que embistió al menor de edad.
El abogado Héctor Javier Liñán García, indicó que las autoridades municipales están obligadas a proceder retirando del cargo a quienes aparecen como presuntos responsables de delitos de omisión y de cohecho en el ejercicio de la función pública, y advirtió que estos podrían perder sus licencias de abogados, inhabilitación para cargos públicos y hasta nueve años de prisión.
El también doctor en derecho penal explicó que el director de Seguridad Pública, según tiene entendido, emitió un oficio a sus superiores informando que hubo irregularidades en el manejo del accidente, pero indicó que Contraloría y las dependencias correspondientes deben iniciar una investigación administrativa y dar parte a la Fiscalía Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos, porque en estas situaciones se debe proceder de manera oficiosa porque son delitos de corrupción, contra la administración pública y la impartición de la justicia.
Explicó que escuchó que el conductor del vehículo pagó 50 mil pesos para no ser encarcelado, pero el dinero no ingresó como multa o sanción a las arcas públicas.
Indicó que existe un aparente probable de cohecho, pero dijo no descartar que se trate también de ignorancia en las leyes penales, pues la labor de la policía (o de tránsito) es la de recabar los elementos de prueba y entregarlos al Ministerio Público, no la de establecer responsabilidades y promover acuerdos y perdones.
En situaciones en las que hay lesionados, y más aún cuando las heridas son graves y causan la muerte, no puede ni el Ministerio Público mediar entre las partes; corresponde a un Juez de Control valorar las pruebas y dar paso al inicio de una causa penal y en su caso promover una mediación cuando se trata de un delito culposo o imprudencial, expuso.
Agregó que entre las leyes que se violaron una fue la Ley Victimal, que protege al afectado, en este caso el menor fallecido, además de violar el derecho fundamental que es el interés superior del menor.
“Todas las autoridades están obligadas a defender los derechos fundamentales (derechos humanos) y máximo cuando se trata de un menor de edad; a eso le llamamos Interés Superior del Menor” expuso.
Explicó que el departamento de Control De Accidentes desde el primer momento en que tuvo conocimiento de qué había un menor de edad lesionado, implicado en el percance, tenía la obligación legal de poner en conocimiento de la autoridad para que se investigara resguardando las garantías individuales del infante.
Creo que el peritaje levantado por los peritos de tránsito es sólo un elemento de prueba, y la Dirección de Control de Accidentes está obligada a hacerlo y llevar al Ministerio Público especializado en asuntos viales y no tiene ninguna facultad para juzgar por cuenta propia quién fue el responsable del percance vial.
Consideró que el no entregar el peritaje y demás datos al Ministerio Público, implica delitos como obstrucción de la justicia y alteración de pruebas, por un manejo carente de la cadena de custodia que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para la integración de la carpeta de investigación, que impidió que abriera por omitir dar parte de los hechos.
Sostuvo que el menor de edad muerto fue sometido por la Dirección de Control de Accidentes a un juicio sumario en el que a la madre del menor, afectada por la muerte de su hijo, se le hizo firmar para no proceder en contra de quien le provocó la muerte al menor.
Liñán García indicó que Aida Margarita Guardiola, titular del departamento en cuestión, deberá ser investigado por los delitos de cohecho, obstrucción a la justicia, y hasta de peculado por haber recibido 50 mil pesos para no poner a disposición del Ministerio Público al conductor que embistió al menor.
A la funcionaria pública se le pueden fincar “todos los delitos cometidos en relación a la impartición de la justicia: obstrucción a la justicia, cohecho... de peculado por haber dispuesto de un dinero para hacer o no hacer algo, en este caso para no ponerlo a disposición y dejarlo (al automovilista en libertad)” sostuvo.
Explicó que tiene entendido que recibió 50 mil pesos para eso, y las autoridades tienen la obligación de investigar esta situación, así como el proceder de la servidora pública que se atribuyó las funciones de policía de tránsito, de Ministerio Público y de Juez.
Sostuvo que si las autoridades municipales no proceden, él está dispuesto a presentar las demandas correspondientes contra los funcionarios públicos.
Explicó que familiares del menor de edad lo contactaron buscando asesoría legal, pero dijo que actualmente tiene muchos asuntos y analiza si representa o no a los papás del menor contra el conductor del vehículo.
Sin embargo sostuvo que sí podría promover ante las autoridades correspondientes que se proceda contra los funcionarios municipales.
