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Juez procesa a exfuncionario de Sedesol y a uno del Politécnico de Texcoco

Debido al uso indebido de atribuciones y facultades en 'Estafa Maestra'

Un juez federal vinculó a proceso a un exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y uno de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT) por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la 'Estafa Maestra'. (ARCHIVO)

Un juez federal vinculó a proceso a un exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y uno de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT) por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la 'Estafa Maestra'. (ARCHIVO)

EL UNIVERSAL

Un juez federal vinculó a proceso a un exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y uno de la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT) por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la "Estafa Maestra".

Se trata de Juan Manuel López Arroyo, extitular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI), de la Sedesol, y Carlos Oscar Espinosa Castañeda, exrector de la Universidad Politécnica de Texcoco.

El Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, prohibió a los vinculados salir del país sin autorización judicial y ordenó su presentación periódica mensual. Asimismo, fijó cuatro meses como plazo de investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a López Arroyo por supuestamente contratar indebidamente servicios de la UPT con recursos públicos y solicitar el otorgamiento indebido de autorizaciones de dinero.

Esta es la segunda ocasión que López Arroyo es vinculado a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades, ya que anteriormente fue vinculado por este mismo delito en perjuicio de una institución educativa de Netzahualcóyotl, Estado de México.

El contrato que ahora se le imputa como ilegal fue celebrado con la UPT, entonces dirigida por Espinosa Castañeda, con quien indicó la Fiscalía, existen datos de prueba de que se puso de acuerdo previamente.

A través de este instrumento jurídico, la FGR afirmó que los exfuncionarios ocasionaron un detrimento al erario por más de 150 millones de pesos porque el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio.

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