La Procuraduría de Desarrollo Urbano funciona como un Ombudsman, un defensor del pueblo que vigila los derechos de la ciudadanía, la asesora y representa en la defensa de sus derechos. (ARCHIVO)
Una metropolización sin marco jurídico, sin crecimiento ordenado y sin un Estado de Derecho en materia urbana, es una metropolización caótica, frágil en el aspecto financiero y hostil con la ciudadanía y su entorno, considera Carlos Romero Sánchez, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.
En entrevista con Julián Mejía Berdeja, presidente de Renacer Lagunero, Romero Sánchez explicó que la Procuraduría a su cargo, es un organismo público descentralizado cuyo titular es nombrado por el Congreso del Estado de Jalisco, no es una dependencia del Ejecutivo Estatal, ya que tiene autonomía, personalidad jurídica, patrimonio propio y no forma parte del Poder Judicial.
Carlos Romero Sánchez define los delitos urbanísticos como los actos u omisiones que contravienen los derechos urbanos de la población, legislación, las normas y la planeación urbanística, así como el ordenamiento territorial vigentes y explica que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que las legislaturas estatales deben adecuar sus Códigos Penales para definirlos, tipificarlos y establecer las sanciones correspondientes.
En paralelo, se debe fortalecer al Poder Judicial y a las Fiscalías Generales de los Estados para que cuenten con personal especializado en la materia y consciente de cómo el crecimiento desordenado y falta de coordinación y gobernanza metropolitana llegan a afectar los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía.
La Procuraduría de Desarrollo Urbano funciona como un Ombudsman, un defensor del pueblo que vigila los derechos de la ciudadanía, la asesora y representa en la defensa de sus derechos al interponer recursos legales ante las autoridades competentes y para el cumplimiento de esta función tiene que apoyarse, coordinarse, y trabajar de la mano de varias dependencias, incluyendo a la Fiscalía General del Estado en la vigilancia, prevención y aplicación de la legislación y normatividad urbana vigente, el respeto a los planes directores de desarrollo y el respeto al derecho a la ciudad de sus habitantes.
También apoya en la mediación y resolución de controversias entre las partes para que estas puedan dirimirse sin necesidad de judicializarlas, además de participar en los procesos de consulta que convocan las diferentes autoridades con el fin de evaluar, de elaborar y de revisar esos planes y programas de desarrollo urbano. Todas estas funciones son ejecutadas, de acuerdo con lo señalado por el Código Urbano para el Estado de Jalisco, mismo que establece las 33 competencias que debe atender por obligación y vocación la Procuraduría del Desarrollo Urbano para así promover un crecimiento ordenado y un Estado de Derecho en la materia.
Mencionó que se debe ampliar y actualizar el listado de delitos urbanísticos, así como los códigos penales de los estados, para que éstos guarden congruencia con las reformas hechas a las leyes federales y de esa forma se atiendan y anticipen a las dinámicas municipales y metropolitanas.
