Los centros de vacunación no serán blanco para la detención de migrantes indocumentados, señaló el Gobierno de Estados Unidos. (EFE)
El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que no realizará detenciones rutinarias de inmigrantes indocumentados en los lugares de vacunación contra la COVID-19.
"Es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna", anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) en un comunicado.
Así mismo, alentó a todas las personas, "independientemente de su situación migratoria", a vacunarse contra la COVID-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades.
La Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (Fema) ha anunciado el establecimiento de centros de vacunación temporales que ayuden a las clínicas y los hospitales a administrar las vacunas.
El DHS tiene una política que prohíbe al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizar arrestos en "lugares sensibles", incluidos los hospitales, clínicas de salud y consultorios médicos, excepto en "circunstancias más extraordinarias".
Los puntos de vacunación son considerados "lugares sensibles", por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de las medidas de represión de la inmigración ilegal, según el comunicado.
Los grupos defensores de los inmigrantes han expresado su preocupación porque los indocumentados eviten vacunarse por el temor a ser detenidos, lo que puede significar el mantenimiento de un peligro para el resto de la población.
Actualmente, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra un total de 26.1 millones de casos de coronavirus y más de 440, 000 muertos, con lo que se mantiene con gran diferencia como el país con una mayor incidencia del mundo.
Biden deporta a cientos en sus primeros días
El gobierno del presidente Joe Biden ha deportado a cientos de inmigrantes en sus primeros días, a pesar de su promesa de campaña de que dejaría de expulsar a la mayoría de las personas que están ilegalmente en Estados Unidos desde el comienzo de su mandato.
Un juez federal le ordenó la semana pasada al gobierno de Biden que no implementara una moratoria de 100 días a las deportaciones, pero el fallo no requería que el gobierno las programara. En días recientes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha deportado a inmigrantes a cuando menos tres países: 15 personas a Jamaica el jueves y 269 a Guatemala y Honduras el viernes. Había más vuelos de deportación programados el lunes.
Se desconoce cuántas de esas personas son consideradas amenazas a la seguridad nacional o a la seguridad pública, o habían cruzado recientemente la frontera de forma ilegal, casos que se consideran prioritarios según las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que entraron en vigor el lunes.
En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, las autoridades de inmigración deportaron el viernes a una mujer que atestiguó la masacre de 2019 en un Walmart, donde murieron 22 personas. Ella había accedido a declarar en contra del agresor y se ha reunido con los fiscales locales, según sus abogados.
A la mujer se le marcó el alto el miércoles cuando conducía porque no le funcionaba una luz de freno a su vehículo; quedó detenida con base en citaciones previas de tránsito, y luego fue transferida al ICE, que la deportó antes de que pudiera contactar a su abogado, dijo Melissa Lopez, directora ejecutiva del organismo sin fines de lucro Diocesan Migrant & Refugee Services, que la representa.
La mujer es identificada sólo como Rosa porque teme por su seguridad en Ciudad Juárez, una urbe conocida por su violencia y actividad de pandillas.
Los registros de la cárcel confirman que Rosa fue fichada en la prisión de El Paso el miércoles y salió el viernes.
El día de su arresto, el ICE había emitido lo que se conoce como una “orden de detención”, con el fin de mantenerla tras las rejas por violaciones a las leyes de inmigración, de acuerdo con la policía del condado El Paso.
La fiscalía de distrito de esa misma ciudad confirmó el lunes en un comunicado que le había dado a los abogados de Rosa la documentación necesaria para solicitar una visa estadounidense para las víctimas de delitos. Pero en el comunicado también se afirma que Rosa “no es una víctima del tiroteo en el Walmart”.
La fiscalía no respondió de momento a preguntas de seguimiento.
