El escándalo, la confrontación y el desorden son el pan de cada día en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación.
En los últimos días tocó al sector educativo convertirse en el centro de la borrasca ante el controversial regreso a clases en las escuelas primarias y secundarias del sector público.
Más de 25 millones de estudiantes de más de veinte estados de la República podrían asistir a clases a partir del lunes 30 de agosto si la tercera ola de la pandemia no se complica más en los próximos días.
El presidente López Obrador anunció a principios de julio el regreso a clases presenciales en la educación básica y media de México, pero politizó el tema cuando días después advirtió que el retorno a las aulas era prioritario "llueve, truene o relampaguee".
Como otros tantos dilemas, el primer mandatario centraliza e impone decisiones cuando la vuelta a clases debe ser un asunto meramente local y definido por las autoridades estatales de acuerdo a las circunstancias y posibilidades de cada región.
Es una realidad inexorable que los menores necesitan regresar a las aulas para retomar una educación más efectiva, socializar de nuevo con sus compañeros y dejar el aislamiento de un largo confinamiento que generó ansiedad, incertidumbre y en algunos casos adicción a los equipos electrónicos.
Sin embargo, como a la fuerza ni los zapatos entran, el gobierno federal equivocó su estrategia al intentar imponer una acción que poco a poco ha tenido que matizar ante las reacciones en contra por parte de los padres de familia.
El surgimiento de la variante Delta, que ha disparado los contagios y las muertes por Covid-19 en el país, ha provocado enorme revuelo y oposición al próximo reinicio del ciclo escolar.
Según publicó el Washington Post, el 62 por ciento de los padres de familia no desean que sus hijos regresen a las clases presenciales al final del mes debido principalmente a que no perciben que el gobierno federal y los estatales han definido un plan adecuado para un reinicio seguro.
Las recientes encuestas contrastan con las realizadas en diciembre del 2020 cuando el 56 por ciento de los paterfamilias apoyaban el retorno a las clases presenciales.
López Obrador ha insistido en que no se trata de una obligación y que será decisión de cada padre de familia enviar a sus hijos a las escuelas. Pero su advertencia de que "llueve, truene o relampaguee" cayó como bomba entre amplios sectores de la sociedad mexicana.
En algunas entidades de Norteamérica las escuelas primarias y secundarias comenzaron a reabrir durante la primavera, pero fue hasta el pasado mes de julio cuando se generalizaron las actividades escolares del sector público en prácticamente todo el país.
No obstante la decisión de abrir escuelas no está en manos del presidente ni de los gobernadores, sino de cada distrito escolar que son las entidades que administran la educación en el vecino país.
Por cierto, un buen porcentaje de las escuelas privadas entraron en operación desde septiembre del año pasado cuando todavía no existía la vacuna, los protocolos fueron muy estrictos: realizar pruebas periódicas de COVID, alternar días de clases, reducir el tamaño de los salones, uso de cubrebocas, sana distancia y seguimiento exhaustivo de cualquier caso positivo que se presentara.
En realidad, pues, el regreso a clases presenciales en México no hubiera provocado tanto escándalo si se hubiera manejado como un tema sanitario y educativo, más no político como ya ocurrió.
Lo más importante será conocer en los próximos días si existirán las condiciones necesarias para un retorno seguro y ordenado, de lo contrario será mejor aplazar los tiempos.
NOTICIAS, NOTICIAS…
Con la novedad de que la población latina en el estado de California alcanzó un porcentaje de casi el 40 por ciento de acuerdo al censo del 2020 y por primera vez superó a la población blanca al registrar un 35 por ciento. Otros grupos étnicos fueron el asiático con el 15 por ciento, afroamericano con el cinco por ciento y la población multirracial con un cuatro por ciento. En otras palabras, los latinos vamos en vías de recuperar el dominio del estado más rico y poderoso de la Unión Americana.
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