México recibió la visita del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que incluye a colectivos de Coahuila y organizaciones defensores de los derechos humanos, llamaron al Gobierno mexicano a cooperar con el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) que recién llegó a este país.
Al organismo le agradecieron que se haya puesto la mirada en la grave problemática que se vive en México y a la Federación le piden que colabore sin restricciones y desde el más alto nivel político de todas las instituciones del estado que sean requeridas; facilitando toda la información que les sea solicitada de forma transparente. También piden al Gobierno a asumir compromisos claros y precisos, y a cumplir de buena voluntad todas las recomendaciones que el CED emita.
"Ante esta visita, hacemos públicos nuestros informes entregados al CED, los cuales presentan nuestro diagnóstico de la crisis de desaparición de personas y las soluciones que el Estado debería estar implementando".
Resaltaron que la búsqueda en vida es urgente y que en la actualidad existen en México 94 mil 86 personas desaparecidas o no localizadas, pero aún no existe una coordinación efectiva entre las acciones de búsqueda y los procesos de investigación, así como la participación de las familias en la planeación y ejecución de búsquedas, sentenciaron.
Destacaron que la búsqueda forense está en crisis y que existen por lo menos 52 mil 4 personas fallecidas sin identificar, la gran mayoría de ellas se encuentran en fosas comunes en cementerios públicos, bajo la responsabilidad de las fiscalías. Dijeron que además de transformar los servicios forenses ordinarios, el Gobierno debe garantizar la colaboración de todas las fiscalías con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) para que este pueda comenzar a funcionar.
También señalaron que la impunidad supera el 98% en estos casos. Se estima que miles de denuncias de desaparición no han dado origen a ninguna carpeta de investigación y muchas más no se denuncian por la falta de confianza en las autoridades. Solamente existen 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición de personas. Por lo anterior, consideran que las fiscalías deben asegurar verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y participación de las familias en el desarrollo de la investigación, que garanticen el acceso a la justicia.
También se han documentado 12 asesinatos a familiares de personas desaparecidas por buscar a sus seres queridos y que muchas otras han sufrido amenazas e intimidación.
En este sentido, el Gobierno debe reconocer públicamente la labor de defensa de derechos humanos que realizan los colectivos de familiares de personas desaparecidas y garantizar la seguridad de las víctimas en todo momento, especialmente a través de una política pública integral de protección.
