La Suprema Corte de Justicia de la Nación encabeza el poder judicial, uno de los poderes en los que se divide el gobierno, junto con el legislativo y ejecutivo. La división de poderes es fundamental para evitar que el poder se monopolice. La organización de estos poderes y su manera de equilibrarse está regulada por La Constitución.
Son once los integrantes de este tribunal, de forma que en las votaciones que se realicen, al ser número impar, siempre haya una definición a favor o en contra.
Parte importante de su función, consiste en analizar si están de acuerdo a la constitución las leyes, iniciativas y demás peticiones que estudian. Para desempeñar su labor es fundamental contar con la mejor preparación para poder dar un veredicto correcto; deben hacerse análisis profundos y bien fundamentados con argumentos científicos, filosóficos y jurídicos. Sus análisis tratan de descubrir el espíritu de la ley, que deberán interpretar lo más fielmente posible, estudiando los elementos en conflicto, su validez y su jerarquía.
De esta forma los once magistrados deberían contar con la mejor preparación en su ramo; capaces de descubrir y aceptar la verdad, independientemente de ideologías y de partidos; constitucionalistas al mas alto nivel y con experiencia; brillantes por sus conocimientos y preparación. En una palabra: "los jueces más sabios de la nación", en cuyas manos están leyes importantes para México. Es pues, sobre todo, una labor intelectual que nada tendría que ver con la tendencia, creencias, modas, ideologías o partidos.
Pero la venerable institución ha dejado de ser lo que debería, para convertirse en un coto de poder con representantes puestos por otros para defender posturas e intereses particulares. Elegidos por el poder ejecutivo y ratificados por los legisladores, su elección incluye compartir las ideologías de quienes los han puesto y obedecer incondicionalmente, e incluso irracionalmente, con tal de imponer sobre la Constitución las propias tendencias e inclinaciones. Con ello han perdido la necesaria imparcialidad que exige el análisis de las causas y la búsqueda de la verdad y de la fidelidad a la Constitución. Promotores de agendas internacionales influenciadas por intereses mezquinos, (por ejemplo, la 2030 de la ONU) y de ideologías de moda, pierden independencia y libertad.
Lo de menos es que uno de ellos sea detenido en Torreón por traer unas copas de más. Lo verdaderamente grave es que en lugar de inspirarse en la constitución a la que son los primeros obligados a servir interpretar y proteger, se han convertido en sus principales detractores; Apoyados con el grupo de legisladores en el poder (que no se han distinguido precisamente por su preparación legislativa), están haciendo de la constitución un instrumento para sus planes, modificando todos los artículos que sean contrarios a sus proyectos. Sin respetar tratados internacionales ya ratificados por México e implementando las ideas del ejecutivo a quien le deben absoluta obediencia, siguen intereses mezquinos personales o de grupos, dejando a un lado la profesionalización, los argumentos sólidos y la fundamentación basada en principios básicos e irrefutables.
Su interés primordial ya no es la Patria, como tampoco lo está siendo para los poderes legislativos y ejecutivo. La agenda de la muerte, de la ideología de género y las drogas avanzan con las leyes que son votadas "sin quitar ni una coma"; la militarización del país la despenalización del aborto, la negación de la objeción de conciencia y el paso atrás de la reforma energética, siguiendo "órdenes de arriba", no sólo contradicen la constitución sino traicionan a quienes deberían representar y al país mismo, sin importarles las palabras de Vicente Guerrero: "La Patria es primero", escritas con letras de oro en las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión, en el salón principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Palacio Nacional.
Bajo terminología que manifiesta directamente la influencia de la ideología de género y no de la jurisprudencia, deciden contra la familia, la mujer, la vida, la libertad de expresión y la inocencia y estabilidad emocional de nuestros hijos.
La gran manifestación del pasado 3 de octubre con más de un millón de personas en 85 ciudades del país (incluida La Laguna), y más de 200 mil personas sólo en la Ciudad de México, es una muestra inequívoca de un pueblo que ya no está dispuesto a aceptar más cambios en las leyes constitucionales que destruyen la vida y la familia. La sociedad está despertando a la participación para exigir leyes que fomenten su estabilidad y respeten la vida de toda persona. Apropiarse poderes que no les corresponden, es indebido y arrogante.
México no comulga con una concepción de la libertad humana subjetivista y distorsionada que está llevando al país a un retroceso civilizatorio. El País rechaza las modificaciones constitucionales que abren las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia y de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la patria potestad, a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, al consumo lúdico de la marihuana, etc.
A pesar de los ataques que ha sufrido y la han dañado, la familia mexicana sigue teniendo un gran valor y una gran fuerza política que deberá ser tomada en cuenta.