En los últimos años México había avanzado de manera importante en la construcción de su democracia: la generación de un sistema multipartidista que había sido impulsado a base de leyes, instituciones y procedimientos, la celebración de elecciones que habían sido altamente competitivas, el aumento de alternancias, la diversidad de partidos participando al mismo tiempo en los diversos niveles de gobierno y en las legislaturas nacionales y locales, son ejemplos que mostraban una ampliación efectiva sin precedentes de los derechos políticos de los ciudadanos.
Pero ataques a estos procesos, sumados a condiciones que prevalecen en el país, han hecho retroceder la calidad de la vida democrática y el ejercicio cabal de los derechos ciudadanos.
Factores como el aumento de prácticas autoritarias y clientelares, el aumento de la pobreza y la desigualdad; la intervención innegable del crimen organizado en el proceso electoral, así como el aumento de la inseguridad pública, dañaron la condición ciudadana de los mexicanos e impidieron el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa.
Es significativamente revelador ver videos en los que las personas, públicamente y sin mostrar pena alguna, reclaman el pago de la venta de sus votos, como si este hecho no fuese un acto totalmente antidemocrático. Pero eso es solo un signo de muchas más manifestaciones que impiden el afianzamiento de una sociedad libre, justa y equitativa.
El desarrollo de la cultura política democrática nacional, dada la complejidad de esta tarea, necesita la colaboración de muchas instancias para poder formar competencias cívicas y crear las condiciones que posibiliten el ejercicio de los derechos ciudadanos.
El compromiso por impulsar la formación cívica y política básica, fundada en las grandes afirmaciones de las ciencias y la ética políticas, es una tarea que compete a la familia, a la escuela, a la Iglesia, a los medios de comunicación, al gobierno, a las instancias encargadas de promover políticas públicas, a los diversos niveles de los institutos electorales y a los partidos políticos.
En nuestra sociedad generalmente no se ofrece esta formación, y la que se ofrece muchas veces es parcial, afectada por intereses de grupo o de partido. La educación cívica escolar y la iglesia con su doctrina social, tienen la capacidad de ofrecer esta formación, que incluye animar a todos a reconocer que vivir en un estado de derecho nos exige actuar dentro del marco de la ley; el respeto de las normas y de la autoridad legítima nos garantizará paz, orden y progreso; estar atentos al marco legal de nuestro país para reformular, por la vía democrática, las leyes, nos llevarán a la consolidación de una sociedad más humana y justa, en la que haya condiciones para que todos tengan una vida digna. Educar en la democracia no se improvisa, exige un proceso educativo coordinado. Su afirmación y crecimiento es tarea de todos.
La sociedad civil actúa en función del bien común, creando un ambiente humano en el que se ofrezca a los ciudadanos la posibilidad del ejercicio real de los derechos humanos y del complimiento de los respectivos deberes. Una sociedad civil bien formada, establece relaciones que dan vida al tejido social y a una verdadera comunidad de personas. Una sociedad civil formada en democracia, no solo defiende sus idearios o intereses, ni actúa con imperativos ajenos a ella, ni participa, ni se organiza en función del poder político, administrativo o económico, sino por propia iniciativa, es decir, por responsabilidad cívica y ciudadana, le lleva a ser vigilante y propositiva frente a las instituciones del estado.
La cultura democrática no surge por generación espontánea; es necesario formarla, desarrollando en ella el conocimiento de la realidad, la responsabilidad social y el sentido y compromiso con la justicia social. Es necesario formarnos para tener incidencia significativa en los diferentes ámbitos:
En el ámbito social diseñando un proyecto de diálogo para acuerdos nacionales y acompañar a las comunidades para que ejerzan plenamente su ciudadanía y se promueva el desarrollo comunitario y local de forma participativa.
En el ámbito político educando a la ciudadanía en el sentido de pertenencia al estado; en la reorientación y rehabilitación ética de la política; contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones y de los mecanismos legítimos y democráticos; canalizando y articulando la participación de la comunidad política; apoyando la formación de grupos, asociaciones, redes, que participen en la definición de políticas públicas y en el ejercicio del gobierno; animando a las comunidades a participar en la toma de decisiones que afectan su vida comunitaria y la de la nación, interviniendo en los procesos locales, regionales, nacionales; analizando en los actores políticos sus proyectos y propuestas; identificando los niveles de toma de decisiones y los responsables políticos, para dialogar y gestionar proyectos en forma democrática, por medio de estrategias de comunicación y participación; promoviendo las reformas necesarias a la conformación del estado de derecho que garantice los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, ambientales y de libertad religiosa.
Necesitamos un estado con mayor eficacia institucional y que promueva la participación de la sociedad en la gestión social. Esto exige replantear el papel que tiene el estado en la construcción del bien común y en la formación de ciudadanía. Una tarea ardua y delicada que sin embargo hay que mirar con esperanza viendo en cada niño, joven o adulto un sujeto capaz de desarrollarse y llegar a ser un buen ciudadano. Nadie está fatalmente condenado a vivir en la manipulación o inanición política. Todos sin excepción anhelamos encontrar el camino para llegar a nuestra plenitud humana y trascendente siguiendo la verdad, el bien y la justicia. Queda la tarea de una agenda pública nacional que busque la construcción de una ciudadanía de calidad en México.