El anuncio realizado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre la regularización de vehículos en Baja California es confuso. (SERGIO A. RODRÍGUEZ)
El anuncio realizado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sobre la regularización de vehículos en Baja California es confuso.
El dirigente nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), Armando García Grimaldo, explicó que se trata de una “fronterización”, un proceso que sólo permitirá circular vehículos de procedencia extranjera con placas nacionales sólo en la franja con Estados Unidos.
Agregó que este procedimiento además es incompleto, y no es para las unidades que ya circulan en territorio nacional.
Sostuvo que los vehículos con placas fronterizas, pueden circular por toda la República mexicana, previo un permiso y por un plazo determinado de tiempo, “lo que no ocurriría en la propuesta presentada por López Obrador”, sostuvo.
Agregó que para fronterizar los vehículos, deben ser esos traídos de Estados Unidos bajo normas y pedimentos especiales. Los automóviles “chuecos” ya circulan en el país, y por lo tanto no pueden ser incluidos en este programa.
Cuestionado sobre una posible regularización de automóviles, García Grimaldo expuso que sería beneficioso para toda la sociedad, así como para el gobierno federal, que obtendría millones de pesos por el pago de estos derechos.
En México circulan más de seis millones de automóviles “chocolate”; estos consumen en promedio 12 litros diarios de gasolina, lo que equivale a 72 millones de litros de combustible vendidos por día, mil 548 millones de pesos diarios, indicó el dirigente nacional de la UCD.
Sostuvo que además representan una derrama económica cautiva en consumo de aceite, refacciones y mantenimientos preventivos y correctivos, lo que implica una participación activa en la economía del país.
Explicó que si el gobierno federal autorizará la regularización de esos más de seis millones de automóviles, a un costo accesible de 10 mil pesos promedio, las arcas de gobierno obtendrían una utilidad económica de 60 mil millones de pesos.
Además generaría el pago de placas, y derechos vehiculares anuales y demás impuestos correspondientes, “pero sobre todo daría una certeza jurídica al patrimonio de esas familias”, abundó.
Reconoció que la posesión de vehículos ilegales en el país constituye un delito, pero consideró que la regularización y el cierre de las fronteras a más automóviles americanos, representarán un beneficio para toda la sociedad.
Descartó que la circulación y venta de las unidades de procedencia extranjera en México representen un riesgo económico a la industria automotriz, pues quienes compran automóviles americanos no tienen la capacidad económica para adquirir unidades de agencia.
Agregó que la industria de automóviles tiene un crecimiento continuo desde hace años, con algunas bajas pero con muchas más altas en las crestas económicas, lo que evidencia que los automóviles de procedencia extranjera no le afecta.
