En los días clave para la reforma eléctrica, pertinente es recordar que aunque los representantes de pueblos, comunidades, organizaciones, cooperativas y colectivas que integran la campaña Luces de las Resistencias se sumaron a la defensa de los servicios públicos como prioritaria, pusieron en duda que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como empresa del Estado, vaya a garantizar el acceso a la energía sin afectar los derechos de los pueblos. La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el 30 de septiembre y que se debate en la Cámara de Diputados, a punto de votación, busca que la CFE tenga 56 por ciento del mercado nacional.
Nos preocupa -dijeron en febrero pasado- la incertidumbre jurídica que diversos pueblos y comunidades tendrán ante megaproyectos energéticos y si aumentará el despojo, la represión y persecución contra quienes deciden defender sus tierras, bosques y aguas comunes.
Provenientes de territorios de Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Guerrero, entre otros, donde el Estado o empresas privadas proyectan, construyen u operan termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos o solares, advirtieron: Con la sangre de los pueblos nunca será energía limpia.
Y es que la generación de energía por parte de la CFE también ha violado derechos humanos y de los pueblos, como lo hacen las empresas privadas, enfatizaron al participar en el Foro 22 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica denominado Usuarios, Pueblos Indígenas y Electricidad, el 21 de febrero en la Cámara de Diputados.
"Tenemos como ejemplo los intentos de imposición del tendido de alta tensión en Cuetzalan, Puebla, y las hidroeléctricas en Paso de la Reina, Oaxaca, o La Parota en Guerrero, entre tantos otros, los cuales han generado conflictos sociales, persecución, criminalización y asesinatos, siendo la CFE protagonista de acusaciones judiciales directas hacia defensoras y defensores del territorio", dijo a nombre de la campaña Miriam Vargas Teutle, quien recién el 5 de abril fue víctima del allanamiento de su domicilio en Puebla.
En aquel 21 de febrero, Vargas Teutle narró lo ocurrido con el Proyecto Integral Morelos, "en el que trabajadores de la Comisión Federal (CFE) hicieron parte de denuncias y persecución judicial contra nuestras compañeras y compañeros (del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala), siendo un proyecto energético que hasta hoy ha cobrado la vida de Samir Flores Soberanes, defensor del territorio y comunicador indígena de la comunidad de Amilcingo, Morelos. A tres años de su asesinato no se ha encontrado a los autores materiales e intelectuales de tan grave violación a los derechos a la vida, la tierra y al Acuerdo de Escazú firmado por el Estado mexicano".
"Hasta el momento se han documentado asesinatos, agresiones, tortura, desalojos y represión policial en el contexto de la entrada de este megaproyecto" Integral Morelos, dijo en un comunicado la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los derechos para todas y todos el 6 de abril a propósito del allanamiento del domicilio de Vargas Teutle y Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, donde resisten además a la empresa Bonafont, filial de la francesa Danone, que dañó los acuíferos.
En esa ocasión, la campaña Luces de las Resistencias pidió a la Cámara de Diputados reorientar el debate sobre la transición energética hacia principios de justicia y democracia, indispensables para el interés de pueblos y comunidades.
Esto con el fin de señalar desigualdades estructurales e identificar los sectores que consumen más energía, "preguntándonos, energía para qué, energía para quién, energía cómo".
Y es que, dijeron, las empresas privadas o del Estado llegan a los territorios a imponer los proyectos energéticos violando o amenazando los derechos de los pueblos.
La energía eléctrica es un bien común controlado por el Estado y empresas privadas que generan, distribuyen y consumen la mayor parte de la electricidad del país.
Mientras los pueblos y comunidades organizadas enfrentan los impactos de la expansión de las redes eléctricas, casi 2 millones de personas carecen de acceso real a la electricidad, incluso en territorios donde operan megaproyectos eléctricos.
Es una de las contradicciones del sistema eléctrico mexicano y de la transición eléctrica de mercado.
Pero ya existen esfuerzos de comunidades y organizaciones populares para revertir estas afectaciones.
Se requiere urgentemente el reconocimiento de las alternativas energéticas a menor escala, aquellas que están siendo planteadas y aplicadas por comunidades rurales y urbanas, colectivos, cooperativas, agrupaciones democráticas que prefiguran un modelo energético de y para los pueblos.
No se puede solucionar la crisis ambiental del planeta con el mismo modelo extractivo.
@kardenche
