Abogado de Monclova denuncia por tortura a policía estatal de Coahuila
A un año de ocurridos los hechos en los que un abogado fue brutalmente torturado en Monclova por elementos de la policía estatal de Coahuila, el profesional del derecho presentó la denuncia formal en contra del comandante y los elementos, al no haber avances en la carpeta de investigación que se abrió por oficio por los actos reclamados.
El denunciante, César García Diosdado, documentó con fotografías y certificados médicos la tortura de la que fue víctima. Señaló que fue detenido ilegalmente, privado de la libertad, torturado física y psicológicamente por elementos de la Policía Estatal por órdenes del comandante Jesús Alejandro Trejo Turrubiate.
En actas quedó acreditada su detención, pues la corporación pretendió poner a disposición, por escrito, al abogado ante el Ministerio Público, pero horas después de vencido el término constitucional para que tuviera legalidad.
Lo presentó a la Fiscalía General del Estado con ambos ojos inflamados, el rostro hinchado y golpes contusos y hematomas en diferentes parte del cuerpo.
Inicialmente, se negaban los policías a liberarlo, pese a que este fue amparado por abogados de su despecho y que espetaba presente un funcionario del Juzgado de Distrito.
ANTECEDENTES
La noche del 21 de agosto de 2021, García Diosdado y Pedro Peña, abogados, fueron llamados por un ciudadano que los contrataría.
Al llegar a la calle donde este vivía, en el fraccionamiento Azteca,en Monclova, la Policía Estatal tenía cerrada la vía por un operativo. Allanaron la casa sin orden de aprehensión y detuvieron al ciudadano en cuestión, Nazario Peña Zamora, después de una reyerta en la que el comandante Trejo resultó herido en ambas piernas al ser atropellado.
Los agentes, explicó García Diosdado, sometieron a quien buscaba asesoría legal y lo golpearon despiadadamente. El abogado comenzó a grabar con su celular los hechos, para documentar el arresto, y fue entonces atacado, golpeado y detenido por otros elementos de la misma corporación.
El comandante Trejo y otros elementos que protagonizaron los hechos violentos, no estaban de turno. Se encontraban de civil y aparentemente ebrios, expuso el asesor jurídico detenido.
MURIÓ CIUDADANO TORTURADO
Nazario, después de la golpiza tuvo que ser hospitalizado. Su salud fue calificada como de pronóstico reservado: presentaba fracturas en costillas, y lesiones internas en órganos vitales, como los pulmones dañados.
Murió meses después contagiado de COVID-19, enfermedad que le complicó de manera fatal los problemas pulmonares.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la agencia del ministerio público especializada en delitos cometidos por servidores públicos, abrió una carpeta de investigación en los primeros días después de los hechos, explicó César García Diosdado.
Agregó que inicialmente funcionarios de Saltillo de las áreas de Seguridad Pública y de la impartición de la justicia lo visitaron para tomarle declaración sobre lo ocurrido, y conocer las pruebas documentales y certificados médicos.
Entre los delitos que la víctima señala a los elementos de la policía estatal destacan tentativa punible de homicidio, abuso violento de autoridad, lesiones graves, robo calificado cometido en contra de un transeúnte (porque lo despojaron de su celular y otras pertenencias), y tortura.
Todos los delitos, señaló el jurista, son especialmente calificados, por haberse cometido mediante la intimidación con armas, mediante violencia física agravada por el tipo de lesiones, porque quienes cometieron estas acciones son elementos de seguridad pública, aunque el sujeto principal, el Comandante Trejo no estaba en servicio, pero si ordenaba a los uniformados.
El denunciante señaló que la carpeta de investigación abierta por oficio detuvo la denuncia que él, junto con otros abogados, presentaría por escrito para exigir la aplicación de la ley.
Agregó que al cumplirse un año de los hechos y no ver avances, decidió presentar la querella legal, que entregó el 19 de agosto, tres días antes de que se cumplan los 12 meses, para evitar el riesgo de qué pudieran declarar los delitos como prescritos, ante lo que calificó como extraña apatía de las autoridades para esclarecer estos hechos.
Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública, semanas después de ocurridos y ventilados los hechos violentos, anunció que los policías responsables fueron suspendidos de sus cargos, pero los imputados continuaron en activo en la corporación, hecho que documentó César García Diosdado.
