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Entidades que representan a agricultores de Argentina rechazaron ayer la posibilidad de que el Gobierno de Alberto Fernández avance con el cobro de un canon por el uso propio de semillas obtenidas a partir del cultivo de eventos modificados genéticamente y patentados por empresas de biotecnología.
"Rechazamos cualquier intento unilateral e inconsulto de modificar un tema tan sensible para el productor que representamos", expresó la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, una de las cuatro mayores patronales rurales de Argentina.
El martes pasado, el ministro de Agricultura argentino, Julián Domínguez, se reunió con los representantes de empresas de semillas para avanzar en un proyecto que impulse el cobro a los productores rurales por el uso de semillas de soja y de trigo transgénicos.
Argentina tiene una ley de semillas aprobada en 1973, cuando no existía esta tecnología, y desde hace dos décadas hay pujas entre las empresas desarrolladoras y las patronales de agricultures que han impedido en la práctica una actualización normativa en el Parlamento.
Los "obtentores", como técnicamente se denominan a los desarrolladores de eventos genéticamente modificados, cobran regalías al momento de vender una bolsa de semillas a un agricultor para su cultivo.
