Finalmente sigue adelante la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo la dichosa revocación de mandato, aquella novedosa institución recién creada que consiste en la aplicación de un plebiscito organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para saber si el titular del ejecutivo federal debe ser removido al cuarto año de su gestión y así impedir gobernar por un sexenio, tal como lo votó la ciudadanía en 2018.
Se presuponía que lo que la revocación del mandato ciertamente perseguía era que de contarse con un presidente que evidentemente haya perdido la confianza del pueblo para ejercer el mando, existiera un mecanismo legal para interrumpirlo.
Para que esto pueda suceder, se necesita recabar 2 millones 758 mil 227, según el reporte del INE, denominado Estadístico General de Dispersión para la Revocación de Mandato 2021-2022. Esto es el 3 % del padrón electoral en al menos 17 entidades del país, que ahora bordea los 91 millones, 941 mil votos.
El presidente, sabedor del respaldo popular con el que cuenta, ha auspiciado que se lleve a cabo la consulta para ver si debe o no continuar desempeñándose como primer mandatario de la nación mexicana, aun cuando claramente en estas circunstancias el llevarla a cabo es absolutamente innecesario.
Hay que agregar que la ley señala al INE como el responsable de toda la organización del ejercicio, a lo cual el consejo de ese organismo autónomo ha señalado que para llevarse a cabo tal encomienda se requieren más de 3 mil 800 millones de pesos; irónicamente la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados no solo dejaron sin fondos al Instituto para realizar la tarea, sino que además le recortó a su propuesto previsto la friolera de 4 mil 930 millones de pesos. La autodenominada Cuarta Transformación de López Obrador incluye la demolición de algunas instituciones del Estado mexicano. El INE claramente es una de ellas.
Por lo pronto se tienen ya las firmas para realizar el deseo del presidente. Qué difícil pensar que para que la revocación de mandato resulte vinculante, tendría que contar con la participación del 40 % del total del listado nominal, esto quiere decir que al menos 36 millones 776 mil 400 personas con credencial de elector deben participar, de ellos la mitad debería votar por revocar el mandato. Vaya, prácticamente es imposible que esto suceda, pero en cambio lo que sucederá es que los pocos que sí acudan a la consulta de revocación de mandato lo harán en apoyo del presidente, que lo único que pretende es justamente eso, mostrar, como se sabe que ya, que tiene una amplia base popular que lo respalda.
Sin embargo, la cosa al menos en el ámbito local se mira diferente. Tanto Coahuila como Durango fueron de las entidades donde menos interés se mostró por aportar las firmas para que sea obligatorio para el INE realizar la consulta.
Ambos se quedaron cortos en los apoyos ciudadanos requeridos para realizar la consulta sobre la revocación de mandato, de acuerdo a la información del Instituto Nacional Electoral (INE) al 18 de enero.
El estado de Coahuila cuenta con una lista nominal de 2 millones 218 mil 99 ciudadanos, por lo que el apoyo requerido en la entidad era de 66 mil 543, el equivalente al 3 por ciento. No obstante, el resultado arroja solamente 9 mil 524 firmas, es decir, apenas un 14.31 por ciento de lo requerido.
En el caso de Durango, se requerían 39 mil 633 firmas, pues la lista nominal es de un millón 321 mil 88 ciudadanos, pero se obtuvieron 7 mil 284, el equivalente al 18.38 por ciento.
Ciudad de México y Tabasco fueron las más altas en obtención de apoyos, con un 220.69 % y 246.42 % respectivamente. En contraste, las que menor interés presentaron en la consulta fueron Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Durango.
Así que si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador y su partido siguen siendo por mucho la primera fuerza política de México, los resultados acá demuestran que la constante nacional no es igual por estos lares.
Marina Vitela, virtual candidata a la gubernatura de Durango por Morena, no puede estar dormida en su laureles, si a los números se refiere. Y en Coahuila Manolo Jiménez está mucho más cerca de suceder a Miguel Riquelme el 1 de diciembre de 2023 que cualquier aspirante morenista, aunque, claro, en Coahuila falta más de un año para la elección; no así en Durango, que en menos de 5 meses conocerá al sucesor de José Rosas Aispuro Torres.
La consulta de revocación de mandato le servirá a Andrés Manuel, pero claramente acá alienta y mucho a los detractores de su movimiento.