Se imaginan un torneo de futbol en el que el equipo más grande y popular seleccionara a los árbitros? Sería fatal para el desarrollo del deporte y para la afición. Hasta los hinchas del equipo bendecido por las decisiones del árbitro irían perdiendo interés en sus triunfos.
Aunque la propuesta de AMLO de nombrar por sufragio universal a los consejeros y magistrados electorales suene muy democrática, busca lo contrario: adueñarse del árbitro para ya no correr riesgos en los procesos electorales. Someter al voto de la mayoría ciudadana candidatos propuestos además por el propio AMLO va contra la idea misma de equidad en un proceso electoral.
Nuestro sistema electoral fue construido para darles certidumbre a los partidos de oposición y a la ciudadanía de que los votos serían contados y la contienda sería razonablemente equitativa. Ya bajo este gobierno, con mayoría constitucional de Morena y de sus aliados en la Cámara de Diputados, se eligieron 4 consejeros electorales con reglas que aseguran que los candidatos sean técnicamente solventes y no peones de alguno de los partidos.
Para hacer el juego aún más desequilibrado, la reforma electoral propone también desaparecer los 200 diputados de representación proporcional. Con las reglas actuales, Morena y sus satélites, habiendo obtenido el 42.6 por ciento de los votos, tienen el 55.4 por ciento de las curules. De haber estado vigente la reforma propuesta en el 2021 tendrían el 75 por ciento. ¿Más claro para qué sirve el cambio de reglas?
Todas las reformas electorales se hicieron para atender las demandas de la oposición, agraviadas en algún proceso electoral. Por ejemplo, las estrictas reglas que hoy tenemos para que las autoridades no participen en los procesos electorales fueron creadas tras la elección del 2006, cuando AMLO y su entonces partido, el PRD, reclamaron la intervención de Fox y de algunos empresarios en la campaña por la Presidencia.
Ahora, el ganador del 2018, sin que pueda señalar alguna acción en su contra por parte de quienes organizaron y vigilaron aquella elección y las del 2021, propone regresar a la lógica centralizadora del pasado. El costo para la democracia mexicana sería enorme, quizás mortal.
Desean controlar cualquier espacio de autonomía. Por eso mismo, el eje de la reforma constitucional en materia eléctrica, que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados, es centralizar todo en la CFE. Con ello se destruye un mercado eléctrico abierto y competitivo, ya que bajo las reglas propuestas tendría prioridad para ser conectada a la red una central termoeléctrica cara y contaminante de la propia CFE, antes que una más barata o sobre una planta fotovoltaica de una empresa privada. Además, el árbitro de cualquier eventual disputa entre los actores del sistema sería la CFE. En este caso no buscan poner a un árbitro al servicio del equipo más grande; ese equipo se vuelve el árbitro.
Sin mecanismos para solucionar las controversias que sean percibidos como razonablemente equitativos, se acelerará el colapso de la inversión privada en materia eléctrica e, incluso, tendremos problemas para atraer inversión manufacturera dispuesta en otro contexto a establecerse en el país. Cualquier empresario que caiga de la gracia de la CFE sabe que podrá ser desconectado de la red con cualquier pretexto disfrazado de técnico.
Querer controlar al árbitro es una confesión del miedo a competir. Desconfían de que el elector los siga prefiriendo. Lo mismo en materia eléctrica. La CFE sabe que su electricidad es más cara y sucia que la de sus competidores.
Esperemos que los contrapesos que aún tenemos cumplan con su responsabilidad, pero no hay que confiarse. En palabras de la escritora Margaret Atwood, "el orden establecido puede desvanecerse de la noche a la mañana". No se puede confiar en la esperanza de que "esto aquí no puede pasar".
ÁTICO
Al querer controlar al árbitro en materia electoral y eléctrica, AMLO confiesa su miedo a competir.
