De no poder pagar esta medida, los agresores deberán llevar su proceso ingresados en el penal. (ARCHIVO)
El Tribunal Superior de Justicia en Coahuila (TSJE) informó que se buscará que los brazaletes que sean utilizados contra sujetos acusados por violencia familiar sean con cargos, pues actualmente los costos para el monitoreo de esta medida son de hasta 8 mil pesos.
De acuerdo con el magistrado presidente, Miguel Mery Ayup, de los 270 mil asuntos que se ven cada año, el 37 por ciento son en materia familiar.
Añadió que actualmente hay dos juzgados orales nuevos en materia familiar en la capital.
"Dos jueces que eran tradicionales ahora son de oralidad, lo que es un avance importante para descargar cinco mil juicios que tiene abiertos el juzgado primero familiar, es una gran carga de trabajo, vamos a equilibrar las cargas", dijo.
Indicó con ello ya suman cinco juzgados orales en Saltillo; no obstante, aún restan más jueces para esta materia.
Recordó que en este año se han interpuesto más de 3,500 órdenes de restricción con más de dos mil causas penales por este delito que representa el segundo lugar en Coahuila, después de los delitos de narcomenudeo.
Con relación a los brazaletes electrónicos, indicó que se cuenta con 80 unidades pero la meta es llegar a tener 200, pues la totalidad de los existentes se encuentran en operaciones.
Destacó que son pocos y anualmente tienen un costo de ocho mil pesos, por cada vez que se colocan.
"Es una carga económica importante que se está erogando para cubrir la tecnología con la que se monitorea al infractor y se le da un dispositivo a la víctima; la mujer para que no sea atacada en caso de que él infrinja el círculo de seguridad impuesto por el juez", explicó.
Por lo anterior Mery Ayup indicó que se buscará que el próximo año esta medida se aplique con cargo al infractor.
"En vez de que lo pague el estado de Coahuila, que quien infrinja la ley le cueste el brazalete", dijo.
Expuso que se está realizando el diseño para que opere a partir del mes de enero del 2023.
Indicó que de no poder pagar esta medida, los agresores deberán llevar su proceso ingresados en el penal.