Lorenzo Natera dice que se trata de un proceso viciado que atenta contra la Carta Magna.
Son altas las posibilidades de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare inconstitucionales las modificaciones a leyes en materia electoral por parte del Senado, pues se trata de un proceso viciado de origen que atenta contra la propia Carta Magna.
José Lorenzo Natera, vicepresidente de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) manifestó que ya en otras ocasiones, la Corte ha invalidado muchas leyes por no seguir el procedimiento legislativo correcto, como fue el caso al aprobar directamente la iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados, sin una discusión previa en las comisiones.
Además, el presidente Andrés López Obrador anunció ayer que vetaría parcial totalmente la reforma aprobada si se mantiene la transferencia de votos a los partidos políticos que participen en alianzas, ya que esta misma práctica se había declarado inconstitucional desde 2008.
Al respecto, la Constitución en nuestro país prevé el veto total y parcial en la primera parte del inciso c) del Artículo 72, que señala que "el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones, a la cámara de su origen", lo cual es muy factible que ocurra.
LA VEN REGRESIVA E INCONSTITUCIONAL
Tras una prolongada discusión, el Senado aprobó a la iniciativa de reforma electoral que envió la Cámara de Diputados, con lo cual avalaron la eliminación de sanciones a candidatos que incurran en violaciones a la ley electoral; darle "vida eterna" al Partido Verde con la transferencia de votos, así como la eliminación del Servicio Profesional Electoral Nacional, (SPEN), que constituye la base de dos mil trabajadores del INE y los organismos públicos locales que se encargan de organizar los procesos electorales en todo el país.
El representante de los abogados resaltó que la reforma electoral es regresiva e inconstitucional en muchos aspectos, al pretender imponer leyes secundarias por encima de la propia Constitución del país.
